La jueza estadounidense Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que Argentina entregue los teléfonos celulares de funcionarios y exfuncionarios, en el marco del juicio por la expropiación de YPF iniciado por los fondos Petersen y Eton Park. La medida fue dispuesta durante una audiencia dedicada a la presentación de pruebas (discovery), en la que también se pidió información sobre comunicaciones vinculadas a YPF y al Banco Central. Además, Preska autorizó el avance del discovery respecto de supuestos vínculos de “alter ego” entre el Estado argentino y empresas como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y Enarsa. Los demandantes buscan demostrar que el Estado y YPF operan como una misma entidad para justificar la ejecución de activos. La Procuración del Tesoro rechazó la decisión, calificándola de “inconstitucional” y advirtiendo que “viola las leyes de Estados Unidos y de Argentina, vulnera la soberanía nacional y no conducirá al hallazgo de activos ejecutables”. Desde la defensa argentina recordaron que el país ya entregó más de 100.000 documentos durante el proceso, incluidas cuentas bancarias y registros financieros, y acusaron al fondo Burford Capital (financiador del litigio) de “abusar del proceso judicial” con fines de presión económica. El Gobierno argentino evalúa apelar la orden ante instancias superiores, al considerarla un avance inédito sobre su soberanía y su legislación interna. Apelación por el 51% de las acciones de YPF Paralelamente, Argentina presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York argumentos para sostener la suspensión de la orden que obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF. Según la Procuración, la medida vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero, y se contrapone a la Ley de Inmunidades Soberanas de EE.UU., ya que las acciones no están en territorio estadounidense ni se usaron en actividades comerciales allí. Además, señalaron que la venta de las acciones sin aprobación del Congreso argentino es legalmente inviable y que su transferencia implicaría un daño irreparable, incluso si el país resultara victorioso en la apelación. Por último, la Procuración advirtió que ejecutar esa orden afectaría el interés público, comprometería relaciones bilaterales con Estados Unidos y podría generar consecuencias diplomáticas y judiciales internacionales.