Viernes 01.08.2025
Actualizado hace 10min.

Los acusados por el autorobo a una cooperativa de 9 de Julio fueron liberados

La Justicia revocó la prisión preventiva de los tres imputados, aunque seguirán sometidos a medidas de coerción mientras continúa la investigación por defraudación y falsa denuncia.

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Después de varios días detenidos, este lunes recuperaron la libertad Omar Fabián Carrizo, Iván Carrizo y Cecilia Avendaño, los tres referentes políticos investigados por el presunto autorobo de casi $28 millones a la cooperativa “9 de Julio Avanza”. La decisión se tomó en una audiencia de revisión de medidas cautelares, convocada a pedido del Ministerio Público Fiscal.

Durante la audiencia, el ayudante fiscal José Luis Salinas solicitó al juez de Garantías, Javier Figuerola, que se levantara la prisión preventiva al considerar que ya no subsistían elementos suficientes para mantener la detención. Como la defensa no se opuso, el juez resolvió conceder la libertad con ciertas restricciones: los imputados deberán presentarse una vez al mes en la Comisaría 11°, no podrán salir de la provincia sin autorización judicial y deberán abstenerse de interferir en la investigación.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por Omar Carrizo, quien afirmó haber sido víctima de un asalto por parte de motochorros en pleno microcentro sanjuanino, mientras transportaba $10 millones en una mochila. Aseguró que el resto del dinero (también retirado de un banco) estaba en una bolsa que no fue robada.
 
Sin embargo, esa versión se desmoronó rápidamente. Las cámaras de seguridad contradijeron el relato: mostraron que Carrizo no estaba solo, como había declarado, sino acompañado por Avendaño e Iván Carrizo, y que el supuesto robo nunca ocurrió. A raíz de esas pruebas, la UFI de Delitos Contra la Propiedad solicitó las detenciones.

Durante los allanamientos posteriores, la Policía encontró $8 millones en efectivo: $4 millones en la vivienda de los Carrizo y otros $4 millones en la de Avendaño. Del total denunciado, aún faltan $19,8 millones cuyo destino se desconoce. La fiscalía sostiene que los implicados incurrieron en los delitos de defraudación y falsa denuncia, y sospecha que intentaron obstruir el curso de la investigación.