Esta semana, el gobierno de Javier Milei enfrenta una prueba crucial: el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirá este jueves para analizar y todo indica aprobar el Staff Report técnico acordado recientemente con la Argentina. De ese visto bueno depende un desembolso inmediato de US$2.000 millones y la modificación de la meta de reservas del BCRA, originalmente fijada en US$9.000 millones para septiembre, un objetivo hoy considerado inalcanzable sin una revisión formal del organismo. El nuevo entendimiento llega en medio de un contexto político y económico sensible. Con la mira puesta en las elecciones legislativas de octubre, el oficialismo busca contener la volatilidad cambiaria que podría afectar el poder adquisitivo y el clima electoral. En ese marco, el equipo económico desplegó un conjunto de medidas que marcan un giro pragmático respecto del discurso original de ajuste puro. Entre esas medidas, destaca la reducción de retenciones a las exportaciones agrícolas, con el objetivo de incentivar la liquidación de hasta US$12.000 millones retenidos por el sector. Si bien implicaría una pérdida fiscal cercana a un punto del PBI, el guiño al agro busca reforzar las reservas internacionales y, al mismo tiempo, acercarse a un electorado clave. Este viraje heterodoxo coincide con un aumento sostenido en la demanda de dólares por parte de personas físicas, que en el último mes superó los US$2.000 millones, impulsado en parte por una flexibilización gradual del cepo. En ese escenario, el gobierno necesita asegurar ingresos genuinos para evitar que el dólar se dispare y complique su estrategia electoral. El acuerdo vigente con el FMI —que contempla un total de US$20.000 millones, de los cuales US$12.000 millones ya se desembolsaron en abril— fijaba metas de acumulación de reservas que, según admiten en el propio oficialismo, eran “virtualmente imposibles” de alcanzar. Por eso, en las negociaciones recientes se acordó redefinir la meta de septiembre, algo que los mercados observarán con atención. Mientras tanto, el Tesoro intensificó sus compras de divisas, con un acumulado superior a US$1.000 millones en julio, aunque ese esfuerzo aún no compensa la necesidad estructural de los dólares del agro y el próximo giro del Fondo. Dólar, inflación y riesgo político La estrategia oficial, que combina austeridad fiscal con pragmatismo cambiario, no está exenta de riesgos. Una suba brusca del dólar en plena campaña podría disparar la inflación y erosionar los avances obtenidos hasta ahora. Con una banda de flotación que ronda los $1.280, romper ese techo sería leído como un signo de debilidad política y económica. Equilibrio frágil El éxito de este enfoque dependerá de varios factores: la voluntad del campo de liquidar, la flexibilidad del FMI en la aplicación de metas, y la capacidad del gobierno de contener la presión cambiaria sin poner en juego su narrativa de disciplina fiscal. Con octubre en el horizonte, el equilibrio entre ortodoxia y pragmatismo se vuelve cada vez más delicado.