En un comunicado oficial, el Ministerio de Justicia de la Nación, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, anunció la postergación por tres meses de la implementación del sistema acusatorio en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires, con epicentro en Comodoro Py. La entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal, prevista inicialmente para el 11 de agosto, fue diferida a raíz de “reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal sobre la falta de preparación suficiente para afrontar investigaciones complejas en esa jurisdicción”. El documento difundido por la cartera subrayó que “esta transformación cultural es irreversible” y que el sistema judicial penal federal “cuenta con los recursos suficientes para avanzar con la reforma”. Además, remarcó que la Justicia “debe adecuarse a un país austero, sin privilegios ni excusas corporativas”. “Desde el inicio del proceso, agregó el comunicado, este Ministerio ha brindado asistencia técnica, financiera e institucional ante años de desidia y desinversión por parte de la casta política y judicial, que postergó injustificadamente la puesta en marcha de un sistema que reduce la duración de los procesos penales y permite aplicar una política criminal estratégica y racional”. En otro tramo del mensaje, se sostuvo que “las deficiencias edilicias y tecnológicas no justifican ni habilitan el incumplimiento de una ley que lleva más de una década vigente”. Sin embargo, y ante los planteos del Ministerio Público Fiscal, la cartera de Justicia resolvió diferir por única vez y de forma improrrogable la implementación del sistema por un plazo de tres meses. Finalmente, el Ministerio explicó que la decisión busca “remover obstáculos políticos y corporativos y garantizar una adecuada coordinación institucional entre los tres poderes del Estado”, como, según destacaron ya ocurrió en otras jurisdicciones donde el nuevo sistema fue implementado con éxito: Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata. Cabe recordar que el nuevo modelo procesal prevé un rol más activo para los fiscales, mientras que los jueces pasan a cumplir funciones de control y garantía del debido proceso.