La deuda entre la Municipalidad de Caucete y la distribuidora eléctrica DECSA sumó un nuevo capítulo este viernes, cuando la intendenta Romina Rosas confirmó que el municipio accederá a un plan de pago para evitar incurrir en irregularidades administrativas. No obstante, dejó en claro que esto no implica el reconocimiento de la deuda millonaria fijada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que supera los 500 millones de pesos. Rosas afirmó que recurrirá a la Justicia para expresar su disconformidad y buscar la nulidad de la resolución emitida por el ente regulador. “No es que nos vamos a hacer cargo de la deuda. No la reconocemos. Pero hay un requerimiento de cumplimiento por parte del municipio para no caer en una situación irregular respecto de lo que ha resuelto el EPRE”, explicó en diálogo con este medio. La jefa comunal detalló que se dará conformidad a un plan de pago, aunque el monto aún no ha sido determinado. “Una vez que esta situación se resuelva, quizás podamos establecer el valor de una cuota. Pero seguiremos avanzando en la instancia judicial”, sostuvo. Además, informó que el municipio acordó con DECSA revisar los valores actualmente facturados por el consumo de energía eléctrica. “Estamos evaluando cuál debería ser realmente el costo, tanto en términos de kilovatios consumidos como del valor del servicio. En función de eso, definiremos el esquema de pago”, indicó. Rosas remarcó que su gestión está reuniendo los informes técnicos necesarios para presentar formalmente una demanda contra el EPRE. Reiteró su desacuerdo con la resolución del organismo y la intención de que se declare su nulidad. “Debe definirse si realmente existía una deuda y cuál sería su verdadero monto”, apuntó. El conflicto alcanzó un punto de tensión el pasado 19 de junio, cuando el Concejo Deliberante de Caucete interpeló a la intendenta en una sesión marcada por la carga política. En esa ocasión, Rosas cuestionó el método de facturación de DECSA, desconoció el monto establecido por el EPRE y acusó a la empresa de cometer errores graves en el cálculo del consumo del alumbrado público. Según la resolución del EPRE, el municipio mantiene una deuda superior a $500 millones con DECSA, derivada de una estimación técnica del consumo. El vicepresidente del ente, Roberto Ferrero, aseguró que el trámite administrativo está cerrado y que el certificado emitido por el organismo constituye un título ejecutivo. “La distribuidora tiene derecho a cobrar e incluso a restringir el servicio en dependencias municipales si así lo considera”, advirtió. Ferrero explicó que el conflicto surge del hecho de que gran parte del alumbrado público en Caucete no cuenta con medición directa, lo que obliga a realizar estimaciones. “La solución definitiva sería medir, pero para ello el municipio debe encarar las obras necesarias”, señaló. Además, alertó sobre serios problemas de seguridad en las instalaciones eléctricas municipales, que calificó como “una preocupación mayor que la deuda misma”. Durante su exposición en el Concejo, Rosas defendió la posición del Ejecutivo municipal con una presentación que incluyó documentación, filminas y expedientes. Acompañada por militantes justicialistas en las afueras del recinto, sostuvo que parte significativa de la deuda reclamada responde a errores de la empresa, como la incorrecta aplicación del Costo de Uso de Red de Media Tensión (CUM), calculado como si Caucete formara parte del Gran San Juan. “Nos están cobrando como si fuésemos un municipio del Gran San Juan. Nosotros no convalidamos esa deuda”, afirmó. A pesar de su postura crítica, la intendenta reconoció que debe cumplir con las obligaciones impuestas por el EPRE. “No podemos generar un incumplimiento de mis deberes como funcionaria pública. Vamos a acceder a un plan de pago desde un lugar de disconformidad, mientras avanzamos con la demanda judicial”, concluyó.