Celis Morales viuda de Koss, denunció una compleja maniobra que involucraría a abogados, una inmobiliaria y operadores judiciales, mediante la cual habrían vaciado parte del patrimonio familiar en el edificio ubicado en Laprida 26 Oeste, pleno centro de San Juan. Según relató, todo comenzó con un boleto de compraventa firmado por ella misma, condicionado a la aprobación de un crédito hipotecario que la misma inmobiliaria se había comprometido a gestionar. Entregó 10 mil dólares como seña, pero como el préstamo no se concretó, le ofrecieron rescindir el contrato y simular un alquiler. “Firmé documentos que simulaban la rescisión, con papeles impresos en membrete, como si el contrato de compraventa ya no tuviera efecto. Pero en realidad, ese contrato nunca fue anulado y lo conservaron, mientras me daban un contrato de locación que nunca tuvo validez legal”, explicó Celis. Con el tiempo, volvieron a ofrecerle la misma propiedad, pero a través de un matrimonio de apellido Gil, que no era parte de la operación inicial. Ellos firmaron una escritura, aunque el boleto original nunca fue rescindido, y tampoco eran los propietarios iniciales. “El dinero lo cobró la abogada Lanteri de Lara aunque no aparece acentado”, aseguró. Años después, usaron el boleto de compraventa primitivo como si estuviera vigente y ejecutaron judicialmente a la mujer por la supuesta diferencia del valor del inmueble. Sin embargo, en lugar de avanzar contra esa propiedad, atacaron los derechos hereditarios que ella tenía en la sucesión de su esposo. Celis asegura que esta maniobra no fue casual: una de las abogadas que intervino en la causa, Nelly Lanteri de Lara, había sido inquilina y fue desalojada por falta de pago. “Desde entonces nos hizo la vida imposible”, denunció. El 23 de diciembre de 2020, a las 11 de la mañana, se realizó una subasta judicial de los derechos hereditarios, sin notificación adecuada ni difusión pública. La misma abogada habría participado mediante apoderados y se adjudicó la hijuela de la señora por apenas $300.000, pese a que incluía oficinas dentro del edificio corporativo de Laprida 26 Oeste, que cuenta con 48 unidades. “Después de esa maniobra nos embargaron también la casa, hicieron actas truchadas de toma de posesión y nos mandaron a quiebra, aprovechándose de que los inmuebles aún estaban en proceso de inscripción”, denunció Celis Morales. El conflicto escaló aún más cuando, el hijo de la abogada, Leonardo Lara, ingresó al edificio, forzaron cerraduras y tomaron posesión de oficinas. Para intentar frenar el vaciamiento, los hijos de la viuda de Koss llegaron a un acuerdo extrajudicial cediendo dos oficinas, pero las presiones judiciales continuaron. “Nos quieren dejar sin techo, se están metiendo a buscar papeles, oficinas, todo lo que sea de valor. El patrimonio de mi familia vale millones de dólares y lo están vaciando con esta maniobra judicial”, concluyó.