Rosario Cortéz, la bioquímica sanjuanina acusada de realizar una falsa amenaza de bomba al Hospital Rawson, accedió a un acuerdo con la Fiscalía que contempla la suspensión del juicio a prueba (probation) por el plazo de un año. Como parte de ese acuerdo, deberá pagar $4 millones en concepto de resarcimiento económico y cumplir con tareas comunitarias. El monto fue fijado en base al costo estimado del amplio operativo de evacuación y seguridad desplegado aquel día, según había informado el Gobierno provincial. Cortéz tiene plazo hasta el próximo lunes para concretar el pago. El beneficio de la probation está sujeto al cumplimiento estricto de estas condiciones. En caso de incumplimiento, el proceso penal seguirá su curso hacia un juicio ordinario. La audiencia de formalización del acuerdo se demoró más de lo habitual debido a la incorporación de la Fiscalía de Estado como parte querellante, y a la necesidad de consensuar todos los términos entre las partes involucradas. El caso El hecho ocurrió el martes 3 de junio, alrededor de las 10 de la mañana. Un llamado al 911, realizado por una voz femenina, advertía sobre la supuesta presencia de una bomba dentro del Hospital Rawson. En ese momento, se especulaba con la posible visita de autoridades del Ministerio de Salud, lo que elevó la alerta. La llamada activó un masivo operativo policial, con la participación de unidades especializadas que evacuaron el edificio y realizaron una inspección minuciosa. Paralelamente, se inició una investigación para rastrear el origen de la llamada, que finalmente llevó a la identificación de Rosario Cortéz como presunta autora del hecho. “La voz alertaba sobre la colocación de un artefacto explosivo en el hospital, coincidiendo con una posible visita oficial”, explicó en su momento el fiscal Ignacio Achem, de la UFI Genérica.