Este lunes por la mañana, el Consejo de Mayo volvió a sesionar en la Casa Rosada, en un encuentro que se extendió por casi tres horas y se llevó a cabo bajo estricto hermetismo. El foco principal fue la posible reforma laboral y tributaria, temas centrales dentro del paquete de transformaciones que el Gobierno busca impulsar tras la renovación legislativa de diciembre. El Consejo (órgano multisectorial creado por el Ejecutivo para consensuar políticas estructurales) fue convocado por su presidente, el jefe de Gabinete Guillermo Francos. La reunión se desarrolló en el Salón de los Escudos desde las 9 de la mañana y contó con la participación de todos sus miembros. El primero en arribar fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien representa al Poder Ejecutivo y coordina las propuestas técnicas elaboradas por las distintas áreas de Gobierno. Le siguieron la senadora radical Carolina Losada, en representación del Senado; el diputado nacional Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por el sector sindical. También participó el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, como delegado de las provincias firmantes del Pacto de Mayo. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, ingresó acompañado de una figura que no había sido anunciada oficialmente: el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien sorprendió al estar presente, considerando que su área es directamente afectada por una eventual reforma laboral. Silencio de contenido y avances en privado Los consejeros mantuvieron el acuerdo de confidencialidad establecido en la primera reunión del 24 de junio, que fue de carácter inaugural. Por eso, no se brindaron detalles precisos sobre las discusiones, aunque varias fuentes coincidieron en que el debate giró en torno a propuestas iniciales sobre la modernización laboral y el esquema tributario. En ese marco, Sturzenegger llevó como asesora a la abogada especializada en derecho laboral, Agustina García De Cecco, y también participó María Cecilia Domínguez Diacoluca, secretaria técnica del Consejo. Desde el entorno de Gerardo Martínez remarcaron que el sindicalismo está dispuesto a dialogar sobre una modernización del régimen laboral, pero advirtieron que no aceptarán una reforma impuesta. Rechazaron además los techos salariales promovidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, y la criminalización de la protesta gremial. “El acuerdo entre sindicatos y empresarios se da en los convenios colectivos. Y la mayoría no están desactualizados. El costo argentino no se baja solo con reformas laborales, sino con cambios impositivos”, apuntaron. Próximos pasos y clima político Al finalizar el encuentro, el único vocero fue Cristian Ritondo, quien calificó la reunión como “productiva” y confirmó que el próximo encuentro del Consejo será el 20 de agosto. Mientras tanto, los equipos técnicos de cada sector seguirán trabajando para consensuar un documento final antes del 15 de diciembre, que servirá como base para presentar ante el Congreso las reformas laboral y tributaria que impulsa el presidente Javier Milei. El Consejo de Mayo, integrado por representantes del Ejecutivo, el Congreso, los gobernadores firmantes, el sector empresarial y el sindicalismo, no incluye a la oposición más dura. Su objetivo es construir acuerdos sobre las reformas previstas en el Pacto de Mayo, aunque algunas tienen mayor prioridad que otras. Las laborales y tributarias buscan aplicarse en 2026, mientras que la previsional quedaría para después de 2027, en caso de que Milei logre la reelección. La reforma de la coparticipación, por su parte, se considera prácticamente inviable en esta instancia. A pesar del hermetismo, la voluntad de avanzar en consensos fue ratificada por todos los sectores, aunque cada uno guarda en reserva sus prioridades. “Nos pidieron discreción, es lógico. Si se hace público, se complica la discusión”, reconocieron desde una de las delegaciones presentes. Uno de los asistentes que llegó con un trasfondo político particular fue el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. El dirigente radical, que unificó las elecciones provinciales con las nacionales es uno de los pocos mandatarios con chances reales de sellar una alianza con La Libertad Avanza para octubre. En la Casa Rosada no descartan que el ministro de Defensa, Luis Petri, rival interno de Cornejo en 2023, sea una figura clave en ese armado por su alta imagen en el electorado mendocino.