A fines de la semana pasada, dos hechos clave mejoraron las perspectivas de Argentina sobre el control de YPF. Por un lado, el Gobierno de Estados Unidos se presentó ante la Justicia estadounidense respaldando la postura argentina de no entregar las acciones de YPF para cumplir con la sentencia por la nacionalización de la empresa, validando así los argumentos de defensa del Estado nacional. Por otro, el fondo Burford y los demás beneficiarios del fallo entregaron un escrito a la jueza Loretta Preska en el que aclaran que no desean quedarse con las acciones de YPF, ya que “no es su intención manejar una compañía petrolera”. Sin embargo, exigen que Argentina deposite una garantía mientras se tramita la sentencia. El Gobierno argentino ratificó que no negociará con los beneficiarios de la sentencia y continuará agotando todas las instancias legales disponibles. El viernes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se presentó como “amicus curiae” ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, apoyando la posición argentina de que la entrega de acciones para pagar la sentencia violaría el principio de inmunidad soberana. Este respaldo no implica un pedido para modificar la sentencia, sino que la forma de pago no debe ser a través de la entrega de acciones. El documento explica que la inmunidad soberana protege históricamente los bienes de los estados extranjeros y que la ley estadounidense (FSIA) sólo contempla excepciones limitadas para bienes ubicados en Estados Unidos, no para propiedades extranjeras fuera del país. Por eso, concluyó que la orden del tribunal de distrito es “inconsistente” con estos principios y señaló que existen “factores de equidad” para suspender la ejecución de la sentencia. La jueza Preska había ordenado la entrega de acciones para la próxima semana, pero Argentina solicitó la suspensión de esta medida hasta que se resuelva la apelación. Es importante destacar que el país apeló tanto el fallo que le impone pagar 16.000 millones de dólares como la orden de entregar las acciones. Recientemente, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito suspendió la entrega de las acciones, una medida sin plazo definido que se mantendrá hasta concluir el proceso. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que “Argentina no negociará con las partes demandantes” y rechazó rumores sobre posibles acuerdos. El Gobierno también resaltó este fallo como un triunfo y criticó la gestión del expresidente Mauricio Macri. “En 2019, durante las presidencias de Macri y Trump, la Corte Suprema de Estados Unidos pidió al Gobierno norteamericano su opinión sobre la inmunidad invocada por Argentina, y entonces Estados Unidos presentó un dictamen en contra nuestro”, recordó Adorni. Finalmente, destacó que “la situación cambió” y que, bajo la actual administración de Javier Milei, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tanto en las gestiones de Biden como de Trump, ha apoyado la posición argentina en esta causa.