La Justicia le dio 10 días hábiles a Cristina Kirchner y a los demás condenados en la causa Vialidad para devolver la suma de $684 mil millones que fue dictada en la sentencia. Esta medida fue tomada por el Tribunal Oral Federal N°2 este martes, y la fecha límite para efectuar el pago será el 13 de agosto. El tribunal informó que, si los condenados no cumplen con el pago dentro del plazo establecido, comenzará la etapa de ejecución de bienes. Esto implica que podrían embargar bienes para asegurar la devolución del dinero. En paralelo, el tribunal rechazó el pedido de la defensa de Cristina Kirchner, que había solicitado pagar solo el 6% de la cifra establecida, basada en los informes de los peritos de la Corte Suprema de Justicia. El perito designado por la expresidenta había sugerido que el monto que debía abonar rondaba los $42 mil millones. Sin embargo, el TOF N°2 insistió en que la cifra correcta es la de $684 mil millones fijada por los expertos judiciales, y ordenó que esta sea la suma a pagar. El juez Jorge Gorini, presidente del tribunal, también solicitó al Banco Nación que habilite una cuenta para que los condenados puedan realizar el depósito correspondiente. El tribunal además ordenó que se amplíen los embargos preventivos sobre los bienes de los condenados para asegurar que se cubra la cifra determinada. Esta medida busca evitar que los implicados oculten o transfieran sus propiedades para eludir el pago. Es importante destacar que, si bien cada condenado tiene una responsabilidad solidaria en el pago, no se especificó en el fallo qué cantidad corresponde a cada uno. El TOF N°2 dejó en manos de los involucrados la decisión sobre cómo dividir la carga económica entre ellos. El juez Gorini cerró su fallo con la orden de que se intime a los condenados a pagar la suma total de $684.990.350.139,86, y que este dinero sea depositado a cuenta y orden del tribunal antes del 13 de agosto. Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían solicitado medidas para garantizar el decomiso de bienes en la causa Vialidad. Entre sus peticiones, pidieron que se amplíen las restricciones sobre el patrimonio de todos los condenados, similar a las ya impuestas a Lázaro Báez, uno de los principales implicados. En este contexto, los fiscales también pidieron que se investigue el patrimonio de Claudia Insaurralde, pareja de Báez, quien podría haber actuado como prestanombre o testaferro, transfiriendo bienes a su nombre o a otras personas para ocultarlos.