El Tribunal de Cuentas de San Juan encendió las alarmas tras auditar el ejercicio 2023 de la Municipalidad de Pocito. Según revelaron fuentes oficiales, el organismo formuló 25 cargos contra el exintendente Armando Sánchez y varios de sus exfuncionarios, por presuntas irregularidades administrativas que alcanzarían los 120 millones de pesos. Los funcionarios apuntados ya fueron notificados y cuentan con un plazo para presentar sus descargos y documentación que pueda liberarlos de una posible responsabilidad patrimonial. De no justificar los gastos observados, podrían enfrentar un proceso judicial impulsado por Fiscalía de Estado para recuperar los fondos públicos. La investigación se enfocó principalmente en el último tramo de la gestión de Sánchez, quien fue ministro de Desarrollo Humano de la provincia y es una figura del uñaquismo. Dejó la intendencia en diciembre de 2023, cuando asumió su sucesor, Fabián Aballay. Entre los casos más graves se encuentra una adenda al contrato con la empresa Hormigones de Cuyo para la repavimentación de calle Maurín. Según el Tribunal, se pagaron casi $49,8 millones sin documentación que respalde el cálculo de precios ni certificación de los trabajos realizados. Por este hecho fueron imputados Sánchez, el exsecretario de Hacienda Claudio Collado Moll y el extitular de Obras Públicas José Luis Martín. Otro punto crítico es la contratación directa, sin contratos ni facturación, de empresas como Hormigones de Cuyo, Yohmelju y Bulk Sas para la colocación de juegos y equipamiento deportivo, lo que generó una observación de casi $16 millones. A esta lista de imputados se suman la exsecretaria de Acción Social, Lucía Altamirano, y el exdirector de Deportes, Néstor Font Oliver. El Tribunal también cuestionó pagos millonarios sin respaldo por operativos de limpieza y riego, adquisición de materiales para espacios verdes, compra de equipamiento para plazas y servicios de catering para eventos municipales, con montos observados que oscilan entre los $5 y $9 millones por cada ítem. En todos los casos, la falta de documentación clave como contratos, certificaciones, facturas o registros de ingreso de bienes al inventario municipal podría derivar en una declaración de responsabilidad directa para los implicados. Por ahora, los exfuncionarios tienen la posibilidad de presentar pruebas y argumentos ante el Tribunal de Cuentas, e incluso recurrir a la Corte de Justicia si no son absueltos en primera instancia. Sin embargo, el caso ya generó un fuerte revuelo en la política pocitana y podría tener consecuencias judiciales y patrimoniales para los exintegrantes de la gestión Sánchez.