La inseguridad alimentaria infantil alcanzó en 2024 su nivel más crítico en 15 años, afectando al 35,5% de los niños, niñas y adolescentes del país. Esto equivale a 4,3 millones de menores enfrentando situaciones de hambre o malnutrición, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (ODS-UCA), que dibuja un panorama alarmante sobre la niñez en la Argentina actual. La forma más grave del problema (cuando los niños directamente pasan hambre) impactó al 16,5% de las infancias. El estudio, titulado "Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual", revela un empeoramiento sostenido desde 2010, con picos especialmente altos en 2018, durante la pandemia y en la crisis profunda de 2024. Entre los factores que más inciden en esta problemática se encuentran la pobreza, el empleo informal o precario, los hogares monoparentales y numerosos, y el déficit educativo. Durante el primer semestre del año, el 67% de las infancias vivían en situación de pobreza. Aunque hacia fines de 2024 se observó una leve mejora debido a la desaceleración inflacionaria y al aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, el hambre se mantuvo en niveles críticos. El conurbano bonaerense y el interior del país registraron índices similares de inseguridad alimentaria, con un 36% y un 35% respectivamente. Además, el informe señala una relación directa entre la falta de escolarización y una mayor exposición al hambre, producto de la ausencia de contención y acceso a comedores escolares. Otro factor decisivo es la situación laboral del jefe o jefa de hogar. En 2024, los hogares con empleo informal o inestable presentaron un alarmante 51% de inseguridad alimentaria. Incluso en hogares con empleo formal, el índice se mantuvo cerca del 10%, evidenciando problemas estructurales más allá del mercado laboral. El impacto de la AUH y la Tarjeta Alimentar El informe confirma que las transferencias de ingresos como la AUH y la Tarjeta Alimentar ejercen un efecto protector, reduciendo la inseguridad alimentaria en 0,81 puntos dentro de la escala del índice. Sin embargo, su alcance es limitado frente a la precariedad laboral estructural. Entre 2022 y 2024, el 14,8% de los niños y niñas sufrió inseguridad alimentaria crónica, otro 9,2% experimentó un empeoramiento, mientras que solo el 44,5% permaneció libre de esta problemática durante todo el período. “Comprender estas dinámicas es fundamental para diseñar políticas públicas que aborden tanto las urgencias actuales como las causas estructurales de la inseguridad alimentaria”, concluyen los investigadores. Desde el ODS-UCA advierten que las transferencias como la AUH y la Tarjeta Alimentar deben complementarse con políticas de empleo inclusivo, desarrollo infantil temprano y alimentación escolar, para mitigar el riesgo alimentario y garantizar el derecho a una nutrición adecuada.