El juez Sebastián Casanello procesó al ex presidente Alberto Fernández por la causa de los seguros, y le aplicó un embargo sobre sus bienes de $14.634.220.283. El procesamiento es por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de autor. En un fallo de más de 400 páginas, Casanello también procesó al empresario Héctor Martínez Sosa y a su esposa, María Cantero, quien fue la histórica secretaria de Fernández. Martínez Sosa, conocido como “Hecky”, aprovechó de manera significativa el paso de su amigo Alberto Fernández por la Casa Rosada. Desde el inicio del escándalo, intentó despegarse del expresidente, pero la filtración de chats reveló que visitaba a Fernández en la quinta de Olivos, sin dejar rastros, y que utilizaba a su pareja para abrir puertas en reparticiones oficiales. El poder del lobby se refleja en las cifras: Martínez Sosa y sus "satélites" cobraron un total de $2.297.820.134, lo que representa casi el 60% de las comisiones pagadas entre 2019 y 2023. Durante el gobierno de Fernández, la empresa de Martínez Sosa acumuló contratos con 19 organismos públicos y recibió $366.635.744 en comisiones. En la lista de organismos involucrados figuran cuatro ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales SA, el Fondo de las Artes, y la Corte Suprema, entre otros. Esta cifra crece a $416.546.348 si se incluyen las comisiones cobradas en 2024 ($21.732,54 en 2020, $29.750.137 en 2021, $156.679.420 en 2022, $228.982.902 en 2023, y $1.112.155 en 2024). La causa de los seguros cambió de juez a comienzos de febrero, cuando se venció la subrogancia de Julián Ercolini en el juzgado federal 11. Esto ocurrió en un momento clave de la investigación, ya que se habían terminado las indagatorias y el juez anterior se disponía a decidir si procesaba o sobreseía a todos los imputados. Desde entonces, Casanello decidió revisar toda la documentación, solicitar nuevas pruebas y darle su impronta a la causa. Además, profundizó otras líneas de investigación. Una prueba fundamental para el caso fue un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y presentado a mediados de mayo. Este informe, de 662 páginas, analizó la facturación de Alberto Fernández mientras estuvo fuera de la función pública. Los expertos de la PROCELAC revelaron que el ex presidente le facturó a Martínez Sosa por supuestos servicios profesionales entre 2010 y 2019. La última factura está fechada el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de la asunción de Fernández. En total, el ex presidente le facturó a la empresa de su amigo “Hecky” un total de $4.257.000, tomando en cuenta los valores de esa época. ¿Por qué le facturaba? Los abogados de ambas partes aseguran que Martínez Sosa recibía informes elaborados por Fernández sobre la coyuntura política y económica. No era el único cliente del ex presidente. En los listados también aparecen varias empresas y hasta dos sindicatos.