En un nuevo capítulo de la disputa legal en Estados Unidos por la expropiación de YPF (que llevó a una condena inicial contra Argentina por USD 16.000 millones dictada por la jueza de Nueva York, Loretta Preska, quien además ordenó transferir las acciones estatales en la empresa (51%) al fondo inglés Burford Capital), Argentina presentó una serie de documentos en su defensa. “Argentina continúa dando pelea contrarreloj en la causa YPF y anoche presentó dos escritos. Seguimos a la espera de que la jueza Loretta Preska se pronuncie sobre el pedido de suspensión solicitado, mientras fortalecemos la apelación formal a la sentencia de transferencia dictada la semana pasada”, destacaron desde la Procuración del Tesoro, organismo encargado de la defensa del Estado. En el caso Bainbridge, Argentina sostuvo que la transferencia de acciones debería realizarse bajo un nuevo contrato de custodia y en una cuenta bajo jurisdicción estadounidense, algo que el Gobierno considera jurídicamente inválido. Además, señaló que no existe jurisprudencia en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito que permita ejecutar bienes de un Estado extranjero que no estén físicamente en EE.UU., tal como plantea el fallo. Por otra parte, el documento destacó que el fondo demandante no sufriría un daño real si se acepta la suspensión de la orden. Incluso, indicó que esa deuda podría resolverse por otras vías, como el posible resultado favorable de una moción en trámite presentada por Bainbridge ante la jueza, para asegurar prioridad sobre los excedentes del “Brady Collateral”, un paquete de garantías financieras embargado en otro proceso judicial. La respuesta al fondo Petersen/Eton Park, presentada simultáneamente, siguió una línea similar, aunque con referencias específicas a declaraciones públicas del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Estas habían sido citadas por los demandantes como prueba de que Argentina estaría actuando de manera obstruccionista. En respuesta, el equipo jurídico aclaró que el gobernador no forma parte del Gobierno nacional y que sus opiniones políticas no influyen en la estrategia legal del Estado. Respecto al fondo del caso, la Procuración del Tesoro sostuvo que la decisión de la jueza Preska es controvertida no solo desde el derecho argentino, sino también en el ámbito del derecho internacional y la política exterior de EE.UU. La propia administración estadounidense, a través de presentaciones previas en otros casos, ha manifestado su desacuerdo con ejecutar activos soberanos que no estén en territorio estadounidense. En ese marco, Argentina reiteró que el caso plantea “cuestiones legales de primera impresión”, es decir, temas no abordados previamente por tribunales de apelación, lo que aumenta la posibilidad de que el fallo sea revertido en instancias superiores. Además, recordó que el Congreso argentino debe autorizar cualquier transferencia de acciones estatales en YPF, conforme a la legislación vigente, por lo que incluso si la jueza confirmara su fallo, la ejecución práctica sería inviable. Mientras tanto, la defensa argentina se prepara para presentar en los próximos días la apelación formal ante la Corte del Segundo Circuito, en Nueva York, caso de que Preska no conceda la suspensión del fallo. Ese recurso incluirá un pedido de “stay” para suspender la orden de transferencia mientras se revisa el caso. Fuentes oficiales destacaron que la Procuración del Tesoro seguirá litigando en defensa de la soberanía y el interés público, y que se trata de un proceso complejo y sin antecedentes, en el que los demandantes no pueden alegar urgencia ni daño directo por demoras en la ejecución de la sentencia.