La Justicia de San Juan quedó a cargo de la investigación por una presunta estafa contra Minera Andina del Sol, tras el pago duplicado de una millonaria indemnización. El juez de Impugnación, Renato Roca, resolvió que la causa permanezca en la provincia, luego de rechazar el pedido de incompetencia planteado por la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón, quien había considerado que el caso debía tramitarse en San Luis. La causa se originó el 4 de diciembre de 2024, cuando Roberto Dany Sarmiento fue desvinculado sin causa de la empresa minera, una firma integrada por Barrick Mining y Shandong Gold. El 18 de diciembre, la compañía le transfirió una indemnización de $107.019.000. Sin embargo, el 26 de diciembre, por un error del área de Recursos Humanos, se le realizó una segunda transferencia por el mismo monto. Al detectar el pago duplicado, el jefe del área se comunicó con Sarmiento, quien se comprometió a devolver el dinero. Esa devolución nunca se concretó. Al día siguiente, la empresa intentó recuperar los fondos a través del banco, pero la entidad financiera respondió que solo podría hacerlo con autorización del destinatario. El 28 de diciembre, Minera Andina del Sol descubrió que el dinero había sido transferido a la cuenta de Myriam Muñoz, esposa de Sarmiento. Desde entonces, la compañía intentó comunicarse en múltiples oportunidades con el matrimonio, sin éxito. Tras enviar cartas documento sin obtener respuesta, presentó la denuncia ante la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas de San Juan. En su fallo, el juez Roca argumentó que tanto el lugar de la transferencia como el perjuicio patrimonial se produjeron en San Juan. También destacó que la denuncia fue radicada allí y que la investigación ya había avanzado significativamente. Además, el magistrado resolvió que la jueza Chicón continúe al frente del expediente, desestimando el pedido de recusación presentado por la fiscal Marcela Torres y la querella. Ahora será decisión de la propia magistrada excusarse o no del caso. Con esta resolución, la causa continuará su curso en la justicia sanjuanina, que deberá determinar si existió una maniobra dolosa para apropiarse de los $110.000.000 transferidos por error.