Después de semanas de recolección de pruebas, la Fiscalía decidió imputar penalmente a Rosario Cortéz, bioquímica residente del Hospital Guillermo Rawson, como presunta autora de la amenaza de bomba que generó una evacuación masiva y un importante operativo de seguridad en el centro de salud. El fiscal Ignacio Achem, de la UFI Genérica, solicitó la audiencia para formalizar la acusación. El incidente ocurrió el 3 de junio, cuando una comunicación telefónica al 911 de apenas ocho segundos alertó sobre la supuesta colocación de un artefacto explosivo dentro del hospital. En minutos, se activaron los protocolos de emergencia, se evacuaron decenas de pacientes y personal, y se desplegó un importante operativo con Bomberos, Policía y grupos especiales. Durante el operativo, una investigación exprés permitió identificar el origen del llamado. Mediante geolocalización y cruce de datos de titularidad, las autoridades ubicaron la señal dentro del propio hospital. Rosario Cortéz fue demorada ese mismo día tras vincularla con el teléfono desde el que se hizo la llamada. Aunque fue liberada horas más tarde, su teléfono fue enviado a peritaje y se ordenó la revisión de cámaras de seguridad internas y externas. Según el Ministerio Público Fiscal, las pruebas acumuladas son suficientes para imputarla por el delito de intimidación pública. De avanzar el proceso y comprobarse su responsabilidad, Cortéz podría enfrentar una pena de entre dos y seis años de prisión efectiva. La causa sigue bajo investigación mientras se aguarda la fecha de la audiencia de imputación.