A pocos días de cumplirse tres años del inicio del juicio oral, este viernes el tribunal dará a conocer el veredicto en la denominada megacausa de expropiaciones, una investigación que se remonta al año 2010, cuando el entonces gobierno provincial de José Luis Gioja denunció un fraude millonario contra el Estado mediante la manipulación de procesos de expropiación. El caso estalló por el pago de montos inflados por terrenos expropiados por la Provincia, en zonas como el Parque de Mayo, Cuesta del Viento y Canal Benavídez. La maniobra, según la acusación, consistía en simular procedimientos legales con avales técnicos y judiciales amañados, mediante una supuesta asociación ilícita integrada por funcionarios públicos, jueces, peritos y abogados. Los protagonistas del escándalo El principal imputado es el abogado Santiago Graffigna, señalado como el jefe de la banda, y sobre quien pesan cargos por fraude en perjuicio de la administración pública, tentativa de estafa y asociación ilícita. El Ministerio Público pidió 15 años de prisión, mientras que la Fiscalía de Estado elevó su pedido a 25 años, equiparando la gravedad del delito a la de un homicidio, por el daño institucional causado. Entre los implicados también figuran: - Carlos Macchi, exjuez del Quinto Juzgado Civil (destituido por jury). - Mario Díaz, exFiscal de Estado. - Ana María Melvin, perito de la Fiscalía de Estado. - Néstor Ruiz, exfuncionario de Recursos Energéticos. - Horacio Alday, abogado especialista en expropiaciones (prófugo durante un tiempo). - Integrantes del Tribunal de Tasación y otros técnicos relacionados. Una historia judicial con múltiples giros La investigación judicial duró casi nueve años. En 2013 se ordenó la detención de 11 implicados en un operativo conocido como “Los 12 Apóstoles”. Con más de 500 cuerpos de expediente, el proceso incluyó muertes de imputados, inhibiciones de fiscales y jueces, recusaciones, demoras y controversias internas. El juicio comenzó formalmente el 19 de octubre de 2022, en el Concejo Deliberante de Capital, y fue conducido por el tribunal integrado por los jueces Martín Heredia Zaldo, Silvina Rosso de Balanza y Matías Parrón. A lo largo del debate declararon decenas de testigos y hubo fuertes cruces entre las partes. También se generaron nuevos conflictos, como la denuncia penal que Graffigna realizó contra el actual cortista y exFiscal de Estado Guillermo De Sanctis, por supuesta presentación de documentos falsos, la cual fue desestimada por el Ministerio Público. Las cifras detrás del fraude En un inicio se habló de un perjuicio de 15 millones de dólares, pero las estimaciones actuales podrían superar los 300 millones, si se consideran intereses y costas de las sentencias suspendidas. La causa por el Parque de Mayo es una de las más graves: se reclama el pago de 250 millones de dólares por parte del Estado. Las penas solicitadas Santiago Graffigna: 15 años (MPF) / 25 años (Fiscalía de Estado). Horacio Alday: 10 años. Ana María Melvin: 9 años. Carlos Macchi y Néstor Ruiz: 8 años cada uno. Mario Díaz: 6 años. Un fallo con impacto institucional Más allá del destino judicial de los acusados, la sentencia marcará un antes y un después en la historia política y judicial de San Juan. El caso dejó al descubierto graves irregularidades en áreas sensibles del Estado y afectó la credibilidad de instituciones claves como el Poder Judicial, la Fiscalía de Estado y organismos de tasación. Este viernes, luego de casi tres años de audiencias, se espera la resolución del tribunal. Y con ella, el cierre (parcial) de uno de los escándalos más resonantes y prolongados de la historia reciente de la provincia.