Los gobernadores de las 24 provincias participaron de un encuentro técnico en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde se reunieron con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, enviado por el ministro de Economía, Luis Caputo. El objetivo fue avanzar en una solución negociada frente al conflicto por la retención de fondos coparticipables, la eliminación de fideicomisos de infraestructura y la falta de distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), recursos clave para el funcionamiento provincial. Por su parte, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, señaló que la intención es eliminar los fondos fiduciarios que imponen restricciones al gasto provincial, y que los ATN, equivalentes al 1% de la coparticipación se distribuyan de forma automática, conforme a los índices de reparto federal, durante situaciones de crisis. Además, remarcó que estos recursos pertenecen exclusivamente a las provincias y que, en el pasado, la Nación los utilizó de manera discrecional. En paralelo, en la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof envió a sus ministros junto a 60 intendentes bonaerenses para entregar un petitorio formal al ministro Luis Caputo, en el que denuncian el recorte de transferencias no automáticas, la paralización de obras públicas, y la falta de envío de fondos destinados a jubilaciones y seguridad docente. Kicillof calificó la situación como una verdadera “asfixia financiera” por parte del Gobierno nacional. En tanto, los gobernadores del Norte Grande y del Litoral respondieron con una iniciativa propia: anunciaron la presentación de un proyecto legislativo que propone una tarifa eléctrica diferenciada para las zonas cálidas del país. La medida, que será ingresada en el Congreso en los próximos días, busca mitigar el impacto de la falta de transferencias nacionales y atender la demanda energética en regiones con altas temperaturas. Este encuentro marca un nuevo capítulo en la tensa disputa entre el Gobierno nacional y las provincias, en la que los mandatarios reclaman mayor transparencia y una redistribución automática de los recursos. De prosperar la propuesta, se podrían eliminar mecanismos discrecionales como los fondos fiduciarios y avanzar hacia una distribución más equitativa y previsible, acorde a los criterios federales establecidos por ley.