Este viernes 27 de junio, el empresario sanjuanino Miguel Aciar, titular de la firma DGA Ingeniería y Servicios S.R.L., se sumó a la lista de detenidos por presuntas estafas reiteradas vinculadas a desarrollos inmobiliarios. Ya estaban tras las rejas el sindicalista textil Hipólito Roberto Vega y Francisco Fernández Muñoz, propietario de la constructora Afcom S.R.L.. Los tres cumplen prisión preventiva por 20 días dispuesta por la jueza Celia Maldonado de Álvarez, alojados en la Subcomisaría Médano de Oro. A diferencia de los otros dos imputados, Aciar no fue arrestado inicialmente porque se encontraba prófugo. Se entregó un día después de la audiencia de formalización, y este viernes fue notificado formalmente de los 21 cargos en su contra. Según detalló la Fiscalía, 12 hechos estarían vinculados al proyecto Nogales VII y otros 9 a supuestas maniobras en el desarrollo Textiles II. El modus operandi, de acuerdo con el fiscal Duilio Ejarque —ahora acompañado por el ayudante fiscal Pablo Ferrer—, habría sido el mismo en ambos casos: promesas de construcción que nunca se concretaron, omisión de información a los compradores y falta de cumplimiento de los contratos firmados. Uno de los datos más destacados en la audiencia fue que Aciar se comprometió a abonar 1.080.000 dólares por un terreno de 33 hectáreas, el cual nunca pagó. A pesar de no tener la titularidad del predio, su empresa habría comenzado a vender unos 125 lotes, afirmando que el proyecto contaba con financiamiento del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), aunque nunca se concretó ninguna cesión formal. Ya en los primeros meses de 2025, DGA habría informado a los compradores que no logró adquirir ese terreno y propuso reubicar el proyecto en otro sitio. Sin embargo, nunca devolvió el dinero a quienes decidieron no continuar. Además de la prisión preventiva, la jueza ordenó el embargo de las cuentas bancarias y la inhibición de bienes de Aciar, su esposa y sus tres hijos. La defensora Andrea Román solicitó la libertad del empresario argumentando que debía seguir trabajando para cumplir con los proyectos y que el caso debía tramitarse en el Fuero Civil, ya que —según su visión— se trataría de incumplimientos contractuales y no de una estafa. “Necesita continuar con el desarrollo y que no se manche su nombre”, sostuvo la letrada. Info: Tiempo de San Juan.