A más de una semana de que los dueños de Garder Salud fueran condenados por defraudar a la Obra Social Provincia (OSP), el caso continúa generando repercusiones. En los pasillos judiciales crece la expectativa por la posible presentación de nuevas denuncias, tanto en el fuero penal como en el civil, contra Marilina De La Fuente y el médico Eduardo Guzmán, quienes ya cumplen una condena de tres años de prisión efectiva en el Penal de Chimbas. Durante la investigación, quedó acreditado que los condenados utilizaron sellos, matrículas y nombres de profesionales que prestaban servicios en la empresa, todo sin su consentimiento, para simular prestaciones médicas y cobrar a la OSP por servicios que nunca se brindaron. Varios de esos trabajadores, incluidos empleados de la empresa auditora externa Nivel Salud, fueron inicialmente imputados y expuestos públicamente. Sus nombres y rostros aparecieron en medios de comunicación, generando sospechas sobre su integridad profesional. Sin embargo, a medida que avanzó la instrucción a cargo del fiscal Iván Grassi, la mayoría de los imputados fue sobreseída y evitó llegar a juicio. Solo la médica María Noel Becerra y la abogada María Florencia Molina De La Fuente, hija de la principal acusada, fueron llevadas a debate. Ambas resultaron absueltas tras las pruebas producidas en el juicio oral. Aunque De La Fuente y Guzmán ya fueron condenados por defraudación a la administración pública y falsificación de instrumento privado, sus acciones podrían derivar en nuevos procesos judiciales. Los profesionales afectados, que vieron perjudicada su imagen y reputación, podrían iniciar demandas por calumnias e injurias, ya que sus nombres fueron vinculados a maniobras delictivas sin haber participado de ellas. Incluso durante el proceso judicial, uno de los imputados, luego desvinculado de la causa, rompió en llanto durante una audiencia, al no comprender cómo había sido involucrado. Estos hechos podrían motivar no solo nuevas denuncias penales, sino también demandas civiles en busca de un resarcimiento económico por los daños sufridos. Además, no se descarta que familiares de pacientes cuyas firmas fueron falsificadas también puedan accionar judicialmente. Aunque sería difícil probar el perjuicio concreto, podrían argumentar que sus allegados no recibieron atención médica real debido a la utilización fraudulenta de sus datos, lo que podría haber afectado su salud. En este complejo escenario judicial, una figura clave podría ser la propia hija de De La Fuente, la abogada María Florencia Molina De La Fuente. Según consta en el expediente, la joven habría sido presionada por su madre para mentir durante el proceso. Así lo manifestó en audiencia ante el juez Matías Parrón, quien ordenó que la empresaria fuera ubicada en una sala contigua durante el resto del juicio. El defensor de la joven y también su padre, Diego Molina, aseguró que la situación fue emocionalmente devastadora para su hija, quien tuvo que enfrentar no solo la presión judicial, sino también la decepción personal hacia su madre. Existen versiones de que la joven habría recibido amenazas e intimidaciones, aunque por el momento no habría intención de denunciar formalmente estos hechos.