Luego del parate legislativo por los feriados y la detención de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso retoma su actividad con una agenda intensa y marcada por la iniciativa opositora. Los bloques no oficialistas intentarán tomar la delantera con proyectos que incomodan al Gobierno y cuestionan sus decisiones más recientes. La sesión convocada para el 2 de julio tiene como objetivo central emplazar a comisiones presididas por La Libertad Avanza para debatir una serie de proyectos impulsados por la oposición. Entre ellos se destacan el financiamiento universitario, la declaración de emergencia pediátrica propuesta por trabajadores del Hospital Garrahan y la reforma del régimen de decretos de necesidad y urgencia. También se incluirá el debate sobre la derogación del decreto 383/25, firmado por la ministra Patricia Bullrich. Este último punto concentra una amplia adhesión: el decreto (que habilita el ciberpatrullaje y permite detenciones policiales sin orden judicial) es cuestionado por sectores diversos, desde los radicales de Democracia para Siempre hasta los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein, pasando por la izquierda y Unión por la Patria. Según argumentan desde el radicalismo, se trata de “una norma inconstitucional” que “viola derechos fundamentales y excede las facultades delegadas en la Ley Bases”. Unión por la Patria anticipó su respaldo a las iniciativas opositoras, aunque hasta el momento no presentó proyectos propios. La agenda reciente del bloque peronista estuvo enfocada principalmente en brindar apoyo político a Cristina Fernández de Kirchner, tras la confirmación de su condena judicial. La principal dificultad de la oposición en Diputados radica en sortear las maniobras dilatorias del oficialismo, que busca frenar el avance de los proyectos más sensibles. Aun así, conserva herramientas como el emplazamiento a comisiones, aunque para utilizarlas necesita reunir y sostener el quórum. En la última sesión, por ejemplo, varios diputados se retiraron del recinto justo cuando se proponía emplazar los proyectos relacionados con el Hospital Garrahan. Si bien el camino es más complejo, en la Cámara baja al menos existe la posibilidad de forzar el tratamiento de determinados temas si se logra una mayoría. En el Senado, en cambio, no hay margen para este tipo de mecanismos. Por eso, el peronismo enfrentará mayores obstáculos para avanzar con la agenda ‘social’ encomendada por Cristina Fernández de Kirchner antes de su detención. Esa agenda incluye el aumento a los jubilados, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad. Todo dependerá de la capacidad de negociación con la vicepresidenta Victoria Villarruel para habilitar las convocatorias. En paralelo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó su presencia en el Senado el próximo jueves 26 de junio. Tal como establece la Constitución Nacional, presentará su informe de gestión y responderá las preguntas de los senadores.