La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a poner en el centro de la escena las restricciones impuestas a su prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución, con especial énfasis en el régimen de visitas. Este viernes 20, la exmandataria presentó una nueva solicitud judicial luego de que la Justicia aclarara que solo su núcleo familiar, abogados y médicos tienen permitido ingresar a su residencia. Además, a través de su cuenta de Twitter, Fernández de Kirchner retuiteó un mensaje del diputado nacional Leopoldo Moreau, quien denunció la instauración de una “dictadura de los jueces”. “Solamente con este Partido Judicial... en la Argentina hay que explicar lo obvio”, ironizó la expresidenta, quien cumple una condena de seis años por la causa Vialidad. Por su parte, el diputado nacional Leopoldo Moreau calificó la restricción a las visitas como un “severísimo conflicto de poderes” y adelantó que el hecho será denunciado ante la Unión Interparlamentaria Mundial como “una demostración más de la colaboración de jueces y fiscales en imponer un Estado de excepción”. Moreau también afirmó que “no hay ningún detenido con domiciliaria, y menos aún con pulsera electrónica, al que haya que visitar en su domicilio con previa autorización judicial”. El legislador de Unión por la Patria defendió a Cristina Kirchner y agregó: “Ella puede recibir a quien quiera y en el momento que quiera porque sus derechos civiles y políticos no están cercenados, salvo en los aspectos específicos de la sentencia, a los que los jueces no pueden agregar arbitrariamente otro tipo de penas”. La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por Carlos Beraldi, advirtió que “la medida genera un agravio actual, concreto y específico para nuestra parte”. Sostuvieron que, más allá de la pena privativa de libertad y la inhabilitación perpetua, la exmandataria “no ha perdido ninguno de los demás derechos inherentes a su condición humana, tanto civiles como políticos”. Además, argumentaron que los jueces carecen de facultades para imponer “reglas de conducta adicionales” que excedan el cumplimiento estricto de la privación de la libertad. Señalaron que “no se indica, siquiera de manera aproximada, cuál es el propósito que se busca al disponer que las personas que deseen visitar a nuestra representada, salvo los casos exceptuados, deban requerir y motivar una autorización previa por parte del tribunal”. Tampoco se explicó “cuál es la norma o el criterio a partir del cual el tribunal habrá de resolver la procedencia o no de las peticiones que se le formulen, evitándose así caer en casos de discrecionalidad absoluta que no pueden ser controlados”. La defensa concluyó que esta regla “no registra antecedentes, no encuentra fundamento normativo” y persigue una finalidad “no explicada”.