Desde el inicio de su gestión, Javier Milei no ha concretado el nombramiento de jueces, fiscales ni defensores. Únicamente propuso a dos candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero sus designaciones no fueron validadas por el Senado. En el ámbito judicial crece la preocupación y el reclamo hacia la Casa Rosada para que agilice los procesos y comience a cubrir cargos que llevan años vacantes. Altos funcionarios del Gobierno admiten en privado la necesidad de reactivar el proceso de nombramientos judiciales, aunque aclaran que no será una prioridad hasta después de las elecciones de octubre. “No es un tema que vayamos a tratar antes de los comicios nacionales”, afirmó una fuente de primera línea en Casa Rosada. El escenario no cambiará significativamente tras la renovación de las 24 bancas del Senado en estas elecciones. “El recambio legislativo de diciembre no va a alterar demasiado la dinámica actual”, señaló un dirigente con peso dentro del Gobierno. Según su análisis, el PRO, la UCR y otras fuerzas provinciales podrían perder representación, con un eventual crecimiento de La Libertad Avanza. Sin embargo, esto no alcanzaría para modificar el control que mantiene el peronismo sobre al menos un tercio de la Cámara Alta. “De hecho, la nueva correlación de fuerzas podría incluso reforzar su poder”, advierte un analista cercano al oficialismo. Desde la mirada libertaria, la reciente detención de Cristina Kirchner no representa un obstáculo para que, una vez pasadas las elecciones, comiencen las negociaciones por cargos clave en la Justicia. “Les interesa el ámbito judicial y van a querer activar las conversaciones”, sostiene un funcionario del Gobierno. Dentro del abanico de vacantes y cargos estratégicos, la Casa Rosada apunta especialmente a la Corte Suprema y a la Procuración General de la Nación. Este último, aunque menos visible para la opinión pública, adquiere cada vez más peso. El Procurador General es el titular del Ministerio Público Fiscal y el responsable máximo del cuerpo de fiscales, con facultades para designar, remover y supervisar su desempeño. En ese contexto, el Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona, impulsa la implementación del nuevo Sistema Acusatorio, que transfiere el poder de investigación directamente a los fiscales, fortaleciendo su rol dentro del proceso penal y modificando el equilibrio de fuerzas dentro del sistema judicial. Desde el oficialismo descartan de plano una ampliación de la Corte Suprema que supere los nueve integrantes. Argumentan que un número mayor podría entorpecer el funcionamiento del tribunal, ya que la coordinación entre más jueces ralentizaría el tratamiento de los expedientes. “La velocidad de la Corte depende del más lento de sus miembros, no tanto de cuántos sean”, afirmó un operador libertario citado por Infobae. También se rechaza la posibilidad de dividir sus funciones en salas, una alternativa que consideran directamente inconstitucional.