La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó duramente el operativo de seguridad desplegado frente a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta y pidió a los militantes que planeaban manifestarse este 20 de junio que trasladen el acto al auditorio de Parque Lezama. “Durante la madrugada y sin orden judicial, y en forma completamente ilegal, Patricia Bullrich montó un operativo policial en la puerta de mi casa con el único objetivo de provocar conflictos que, hasta ahora, nunca sucedieron”, expresó la exmandataria a través de sus redes sociales. En el mismo mensaje, calificó a la ministra de Seguridad como “realmente nefasta y capaz de cualquier cosa” y apeló a la cautela de sus seguidores: “No seamos ingenuos ni funcionales a la provocación de la Señora Violencia”. A modo de alternativa, propuso que el banderazo se realice en Parque Lezama: “Es un lugar hermoso y hay un solazo peronista y maravilloso. Y, quien te dice… por ahí nos volvemos a comunicar en Parque Lezama”. Además, Fernández de Kirchner volvió a criticar las condiciones de su prisión domiciliaria. Denunció que, más allá de su entorno familiar, abogados y médicos, cualquier otra persona que desee visitarla debe solicitar autorización judicial. “Un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles. De mis derechos políticos, mejor ni hablemos. Te la debo”, sentenció. La defensa de la exmandataria presentó un recurso de reposición contra la resolución del Tribunal Oral Federal N.º 2 que regula su régimen de visitas. En caso de que el planteo sea rechazado, adelantaron que recurrirán a la Corte Suprema de Justicia y a organismos internacionales. En el escrito, los abogados sostienen que los jueces no están facultados para “imponer reglas de conducta adicionales” y que las restricciones impuestas no solo afectan a allegados y militantes, sino también a profesionales que no forman parte del núcleo básico autorizado. La defensa considera que la medida es arbitraria y representa una violación a los derechos civiles y políticos de Fernández de Kirchner.