Un grupo de exempleados del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, acompañados por dirigentes kirchneristas como Juan Grabois (UTEP), protagoniza desde este domingo una ocupación pacífica en la sede del organismo, ubicada en el barrio porteño de Recoleta. La medida fue adoptada en rechazo al cierre del instituto y ante la sospecha de una posible venta del edificio, declarado patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires. La manifestación, que se concentra en algunas zonas específicas de la casona donde vivió el expresidente, comenzó pasado el mediodía y no tiene horario de finalización previsto. Hacia las 16, unas 100 personas improvisaron una asamblea en el patio central. Allí se definió el carácter de la acción, que los organizadores prefieren no llamar “toma”, y se establecieron algunas normas de convivencia: prohibieron el consumo de alcohol y sustancias, así como también “toquetear” objetos del lugar, que aseguran estar resguardando. Desde un megáfono, Juan Grabois anunció que se trata de una “permanencia pacífica por tiempo indefinido” en defensa del edificio y de los puestos de trabajo. “Tenemos información de que ya hay un preacuerdo con una inmobiliaria muy grande, pero es patrimonio histórico, no se puede vender”, denunció en diálogo con La Nación. Poco después de esa declaración, la situación se tornó más tensa: la policía llegó al lugar y el comisario a cargo del operativo exigió el desalojo. Grabois se enfrentó verbalmente con el oficial y reclamó una orden judicial. Tras algunos empujones y gritos, fue retirado del lugar, lo que profundizó el clima de tensión. Mientras tanto, los manifestantes (tanto dentro como fuera del edificio) entonaron cánticos del peronismo y consignas contra el Gobierno, frente a una presencia sostenida de al menos 50 uniformados. Frente al avance de la protesta, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que justificó el cierre del instituto. “El Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón contaba con 20 empleados y generaba un gasto anual de más de 400 millones de pesos. A pesar de ser un instituto de investigación, la totalidad de su presupuesto era destinado al pago de salarios y mantenimiento de servicios básicos, no habiendo realizado sus autoridades ninguna investigación a los fines de cumplir con el propósito del instituto”, afirma el texto oficial. Por ahora, la permanencia continúa, sin una resolución clara a la vista. Desde el entorno de los manifestantes insisten en que su intención es evitar el vaciamiento y la posible venta del inmueble. El Gobierno, por su parte, mantiene la decisión de cierre.