La administración del presidente Javier Milei acelera la implementación del nuevo régimen de información fiscal, que comenzará a regir el 1 de junio, y refuerza su estrategia con un paquete más amplio de reformas tributarias. Con el objetivo de transparentar operaciones, reducir la evasión y fomentar la formalización de activos, el Gobierno convocó a gobernadores a la Casa Rosada para consolidar apoyos al nuevo sistema. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibirá en los próximos días a los mandatarios provinciales Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy) y Alfredo Cornejo (Mendoza). En tanto, ya firmaron su adhesión Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), en un acto acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de ARCA, Juan Pazo. El nuevo régimen, contemplado en la Ley 27.743, obliga a desglosar en los tickets de compra la carga impositiva (IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales), y establece límites financieros para operaciones sin requerimiento documental: $50 millones en transferencias individuales, $10 millones en extracciones o compras informales, y hasta $100 millones para tenencias en plazos fijos o sociedades de bolsa. Desde el Ejecutivo señalan que el objetivo es claro: “visibilizar la presión fiscal real, facilitar la fiscalización y alentar el cumplimiento voluntario”. No obstante, provincias como Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego han expresado reservas o directamente rechazo a sumarse. El Gobierno advierte que las jurisdicciones que no adhieran podrían enfrentar restricciones en el acceso a información fiscal compartida, mientras que los bancos que no se alineen con el nuevo esquema podrían ser sancionados con multas. En paralelo, el Gobierno planea enviar al Congreso un proyecto para modificar la Ley Penal Tributaria y la Ley de Procedimiento Fiscal. Entre las propuestas figura un aumento del umbral a partir del cual la evasión se considera delito: pasaría de $1,5 millones a $100 millones. También se reduciría de cinco a tres años el plazo de prescripción penal para estos delitos. Estas modificaciones apuntan, según la visión oficial, a incentivar la declaración de activos no registrados y promover el ingreso al sistema de los denominados “dólares del colchón”, bajo un marco de reglas más claras y realistas. Con este paquete de medidas, el Gobierno busca establecer un sistema fiscal más transparente, eficaz y adaptado a la coyuntura económica, en sintonía con su plan de reforma integral del Estado.