El juez federal Daniel Doffo condenó ayer a Roberto Espiro Mitar, de 26 años e integrante de la comunidad gitana, a 9 años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. La víctima, una joven de 25 años con discapacidad mental, fue obligada a convivir en condiciones de servidumbre tras haber sido “comprada” por su padre mediante el pago de una dote de 50.000 pesos, en el marco de una unión forzada. Según el fallo, los hechos ocurrieron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, cuando la víctima logró escapar y denunciar el caso. Durante ese tiempo, Mitar ejerció violencia física y psicológica sobre la joven, a quien obligaba a mantener relaciones sexuales, trabajar en la casa y vender productos en la calle, entregando el dinero a él o a su familia. Además, le retuvieron el DNI para evitar que pudiera irse y se habrían entrometido en su salud reproductiva para que tuviera más hijos. La justicia también ordenó una reparación económica de 4 millones de pesos a favor de la víctima, menos de lo solicitado por la fiscalía, que había pedido $4.270.332. Asimismo, se dispuso que Mitar realice un curso obligatorio sobre violencia de género y que la sentencia sea publicada. El fiscal federal Fernando Alcaraz y su auxiliar Virginia Rodríguez habían solicitado una condena de 11 años. La defensora del condenado, María Filomena Noriega, había solicitado la absolución por el beneficio de la duda. Alegó que la víctima no era vulnerable ni discapacitada, y puso en duda su testimonio, acusándola de mentir y tener trastornos psicológicos. Incluso ironizó al referirse a su denuncia como algo influenciado “por el viento Zonda”. Uno de los episodios más controversiales del caso fue la “retractación” que la joven hizo ante una escribanía en San Luis, que actualmente complica al anterior defensor de Mitar, Oscar Adárvez. La justicia investiga si el documento fue redactado por él tras presiones de la familia del acusado, lo que podría configurar el delito de encubrimiento. La vida de la víctima ha estado marcada por una profunda vulnerabilidad. Según la investigación, habría sido parte de otras transacciones similares en las provincias de Córdoba y Entre Ríos antes de llegar a San Juan. De quedar firme la sentencia, este sería el segundo caso en San Juan en el que un "casamiento gitano" es utilizado como pantalla para la comisión de delitos vinculados a la trata de personas.