El gobernador Marcelo Orrego fue contundente al anunciar que en la provincia se garantizará el libre tránsito: la ley antipiquetes será aplicada sin excepciones. La medida busca evitar el bloqueo de calles y avenidas, pero sin criminalizar el derecho a manifestarse. “En San Juan, la gente tiene que estar libre para transitar”, declaró Orrego durante una entrevista, al tiempo que se conocieron detalles del nuevo protocolo de intervención ante protestas, que estará estructurado en tres fases. El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, explicó que el objetivo del plan es preservar el orden público sin restringir la protesta pacífica, respetando las constituciones nacional y provincial, que garantizan el derecho a reclamar. “No se criminaliza la protesta, pero sí se va a ordenar el espacio público”, remarcó el funcionario en diálogo con radio Amanecer. La primera fase será la negociación y mediación: se buscará dialogar con los manifestantes a través de referentes calificados, según el tipo de reclamo, con la intención de evitar el inicio de una manifestación. Si no hay acuerdo y la protesta se lleva a cabo, se pasará a la fase operativa, donde la Policía provincial garantizará que se desarrolle con el menor impacto posible sobre el resto de la sociedad, ya sean peatones, comerciantes o personas que necesiten circular con urgencia, como quienes van a un hospital. Se buscará que las protestas se hagan por veredas, sendas peatonales, o solo por media calzada. Finalmente, si los manifestantes insisten en interrumpir totalmente la circulación, se aplicará la tercera fase, que implica la intervención bajo el artículo 194 del Código Penal, que sanciona a quienes obstaculicen el transporte público o servicios esenciales.