El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, presentó un dictamen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que solicitó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita, en el marco de la causa Vialidad, que investiga presuntas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz. De acuerdo a fuentes judiciales, el documento presentado consta de 13 páginas y refuerza la postura de la Fiscalía para agravar la actual condena de seis años de prisión por administración fraudulenta. Además, Casal pidió que se decomisen más de 5.321 millones de pesos a los condenados, cifra que representa el monto actualizado de la defraudación. Con este dictamen, los jueces del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, están en condiciones de fallar. El caso genera gran expectativa, ya que la sentencia incluye también una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y se da en un año electoral, donde se especula con una posible candidatura de Cristina Kirchner. La Corte debe evaluar tanto el pedido de la Procuración como el reclamo de la defensa de la ex presidenta, que solicitó su absolución, al igual que la del resto de los acusados: el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional José Periotti y cinco ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz. La condena actual fue dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2, que la encontró culpable de administración fraudulenta, pero la absolvió por asociación ilícita. Esa decisión fue confirmada en noviembre de 2023 por la Cámara Federal de Casación Penal, aunque en ambos casos con voto dividido (2 a 1). Entre los jueces que consideraron que debía ser condenada por asociación ilícita estuvieron Andrés Basso en el tribunal oral y Gustavo Hornos en Casación. Durante el juicio, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, junto con el fiscal de Casación Mario Villar, habían solicitado una pena de 12 años por ambos delitos. Sin embargo, tanto el tribunal como Casación consideraron que no hubo asociación ilícita, ya que agrupaban las 51 obras adjudicadas entre 2003 y 2015 como un solo hecho y no como una pluralidad de delitos. En su reciente dictamen, Casal respaldó la apelación del fiscal Villar y sostuvo que “la adjudicación fraudulenta de 51 contratos de obra pública en un contexto de corrupción comprobada no puede considerarse como un único hecho para descartar la figura de la asociación ilícita”. También remarcó que “el hecho de que haya existido un solo plan no excluye la posibilidad de que haya habido una organización criminal”. Además, Casal cuestionó a Casación por no considerar que los hechos se extendieron durante tres gobiernos y a lo largo de 12 años. Por otra parte, pidió que se revoquen las absoluciones del ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el ex titular de Vialidad Provincial de Santa Cruz Héctor Garro. Sobre De Vido, fue contundente: “No existe controversia respecto a su rol en la ejecución del plan criminal. Fue uno de los principales organizadores”, afirmó. Respecto a los fondos que se pretende decomisar, Casal avaló el cálculo presentado por el Ministerio Público y criticó a la Cámara por haberlo desestimado “con una fórmula abstracta, sin dar tratamiento al detalle técnico y minucioso presentado por la fiscalía”. Con este panorama, Casal pidió que se condene a Cristina Kirchner, José López, José Periotti y Lázaro Báez por asociación ilícita, y que se revoque la absolución de Julio De Vido, entre otros implicados. En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, insiste en que debe ser absuelta y denunció que durante el proceso hubo violaciones a garantías constitucionales y arbitrariedad por parte de los jueces. También anunció que, si la Corte confirma la condena, acudirá a organismos internacionales. Además, recusaron al juez Lorenzetti, cuestión que el tribunal aún debe resolver.