Este jueves 8 de mayo, el Senado de la Nación rechazó el proyecto de ley conocido como Ficha Limpia, que proponía impedir la candidatura de personas condenadas por delitos dolosos en segunda instancia. La iniciativa, que había generado un intenso debate político y social, obtuvo 36 votos afirmativos y 35 negativos, quedando a un voto de la mayoría simple necesaria (37) para su aprobación. En lo que respecta a San Juan, los tres senadores provinciales manifestaron posturas divididas. Sergio Uñac y Celeste Giménez, ambos pertenecientes a Unión por la Patria, votaron en contra de la iniciativa, mientras que Bruno Olivera, representante de La Libertad Avanza, apoyó el proyecto con su voto afirmativo. Un debate cargado de posturas encontradas Durante el tratamiento del proyecto en la Cámara Alta, las posturas estuvieron fuertemente polarizadas. Quienes apoyaban la ley sostuvieron que se trataba de un paso fundamental hacia una mayor ética y transparencia en la función pública, mientras que los detractores argumentaron que la norma era inconstitucional y que ponía en riesgo derechos fundamentales, como el principio de inocencia. Uno de los principales defensores fue Eduardo Vischi, jefe del bloque de la UCR, quien destacó que el proyecto respondía a una demanda social creciente. “La sociedad empezó a exigir más decencia y que la función pública sea ejercida por personas probas, idóneas pero limpias”, expresó, y advirtió que la ciudadanía “no tolera más que la política se le ría en la cara”. En la misma línea, Alfredo de Angeli, jefe del bloque del PRO, respaldó la iniciativa pero reconoció que no era suficiente por sí sola: “La clase política ha sido descreída, por eso es bienvenida la Ficha Limpia, pero no alcanza”. Por el contrario, desde el oficialismo, Juliana di Tullio rechazó el proyecto con fuertes críticas. “Están proscribiendo a una persona inocente, esta ley es inconstitucional y vulnera tratados internacionales”, denunció, y agregó que con esta normativa “se claudica definitivamente el poder político a manos del Poder Judicial”. ¿Y ahora qué? El rechazo del proyecto no implica el cierre definitivo del debate. Varios legisladores manifestaron la necesidad de revisar y mejorar la propuesta, con el objetivo de lograr consensos más amplios que permitan avanzar en una normativa que promueva la transparencia sin vulnerar derechos. Mientras tanto, el tema seguirá generando discusión tanto en el Congreso como en la sociedad, donde el reclamo por una política más ética y responsable sigue vigente.