El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 hizo lugar a una medida cautelar que solicitaron los movimientos feministas porque corroboró que el gobierno del presidente Milei no está garantizando los derechos de mujeres, niñas y adolescentes y que el ajuste nombrado desde el comienzo de su gestión a las políticas de género es ilegal. A partir de ahora, el Estado deberá garantizar que no va a despedir a trabajadores que se desempeñen en la exSubsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género ni tampoco en los Centros de Acceso a la Justicia, de los que ya cerró 81. También tendrá que garantizar partidas presupuestarias para los programas desmantelados, como el Acompañar y la línea 144. "Lo que viene a corroborar es que no solamente que se desmantelaron las principales políticas de prevención y abordaje de las violencias sino que el Estado no pudo demostrar ni pudo presentar una sola prueba diciendo cómo había reorganizado supuestamente estas áreas, a pesar de haberlo declarado en los medios", manifestó Luci Cavallero de Ni Una Menos. La medida cautelar se dictó en el marco de una causa que busca esclarecer qué está haciendo el pesidente para otorgar un piso mínimo de derechos a pesar del ajuste. Pese a esto, el juez consideró que estaban dadas las condiciones para reclamarle que se abstenga ahora de seguir desarmando estructuras y equipos que son cruciales para brindar herramientas a las mujeres violentadas, mientras se define la cuestión de fondo. Una vez que llegue la notificación, el Estado no va a poder despedir más trabajadores de estas áreas específicas ni tampoco reducirá la infraestructura destinada a las políticas para la prevención de la violencia de género. "Y algo que creemos muy importante también es que, en su decisión, el juez le ordena al Estado a seguir con la producción y publicación de información, que es algo que se había interrumpido desde la asunción de la actual gestión del gobierno y creemos que es también un paso muy importante que se le pida al Estado que siga produciendo información sobre el estado de las políticas, de cómo se están implementando", manifestó Patricia Sotile, del área jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia Y Genero (ELA). El colectivo, junto con Ni Una Menos, FEIM, Fundación MxM y Fundeps estuvieron detrás de la presentación judicial del 28 de junio que motorizó esta cautelar. El fallo, al que tuvo acceso este medio, indica que el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Justicia no pudieron demostrar cómo están garantizando estos derechos consagrados en la Ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Por el contrario, consideraron que están incumpliendo esta y otras leyes en las que el Estado se compromete a cuidarlas en tanto "ha omitido adjuntar documentación respaldatoria". "Tampoco se ha detallado, ni mencionado, la forma en la que se está cumpliendo con las prestaciones referidas", expresó el juez Enrique Alonso Regueira respecto a los programas eliminados.  Desde que asumió Milei, se recortó casi un 100% (98,6%) el Programa Acompañar (el programa más importante de apoyo económico para las personas en situación de violencia con riesgo alto para sus vidas). También participó el Ministerio Público de la Defensa, que advirtió que "persiste un marco de incertidumbre sobre los alcances de la relación jurídica que el Estado Nacional mantiene actualmente con las niñas y adolescentes afectando sus derechos constitucionales y convencionales a vivir una vida sin violencia". Es decir, que hoy niñas, niños y adolescentes están muy desamparados que antes del ajuste por el Estado, más allá de que sostenga el Ejecutivo con tal de justificar su motosierra.