El ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti emitió una contundente crítica a sus colegas del tribunal tras firmar en disidencia dos acordadas que designaron a un nuevo Secretario de Desarrollo Institucional y delegaron competencias en el Secretario General del cuerpo. En su disidencia respecto a la designación de Juan Pablo Lahitou en la Secretaría de Desarrollo Institucional, Lorenzetti cuestionó el hecho de que, desde que la Casa Rosada propuso la incorporación de nuevos jueces, se ha producido una excesiva creación de oficinas y cargos innecesarios dentro del tribunal. "Se han creado cargos como secretarios de Corte, secretarios letrados, y acordadas para delegar responsabilidades de superintendencia que deberían corresponder a los jueces de la Corte", destacó el ministro. Lorenzetti agregó que este incremento de cargos y gastos no solo generó un aumento en el gasto público, sino que también derivó en una pérdida de ingresos, al no gestionarse adecuadamente los fondos anticíclicos. Consideró que este manejo refleja una falta de respeto a la sociedad, que exige austeridad en el Estado, y una falta de respeto al resto del Poder Judicial, que enfrenta serias dificultades para ofrecer un servicio de justicia adecuado. El magistrado consideró que este período marca el fin de un ciclo en la Corte Suprema, haciendo pública su crítica para que la sociedad conozca las diferencias de opiniones dentro del Tribunal. En su intervención, aseguró que las dos acordadas firmadas por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, quienes en breve dejará el tribunal por cumplir 75 años, atentan contra las competencias de los jueces de la Corte, afectando incluso la gestión de las sentencias judiciales y las funciones de superintendencia, algo sin precedentes en la historia del tribunal. “La acordada sobre los conjueces busca que muchos casos sean resueltos por otros jueces, no por los miembros de la Corte. Esto afectará la seguridad jurídica, ya que los cambios de conjueces alterarán los precedentes”, explicó Lorenzetti, añadiendo que esta situación podría generar contingencias legales, como la nulidad de decisiones judiciales. El otro punto cuestionado fue la delegación de funciones administrativas a la figura del administrador, lo que permitirá que este interactúe con jueces y otros funcionarios, tomando decisiones relevantes. Lorenzetti resaltó que esta medida es insólita y sin precedentes en la Corte Suprema. Finalmente, el ministro expresó que las constantes luchas por espacios de poder dentro del tribunal han desviado la atención de su verdadera función: dictar sentencias de trascendencia institucional. En este contexto, Lorenzetti reveló que actualmente hay 87.218 causas pendientes, una cifra histórica que refleja el grave atraso procesal que enfrenta el tribunal.