Carlos Ruiz, Secretario de la Cámara de Empresas de Seguridad en San Juan, manifestó sobre la necesidad de abordar el tema desde una perspectiva más integral. Si bien reconoce que a los 18 años las personas ya son legalmente mayores de edad, de igual manera cuestiona la ausencia de un debate amplio en cuanto a las implicancias sociales y de seguridad que trae esta reforma. "Hay aspectos que deberían considerarse y debatirse más ampliamente. No estamos al tanto de que exista una consulta con diferentes sectores de la sociedad sobre este cambio", argumentó Ruiz. Además, Ruiz expresó que, según estadísticas, los hechos de violencia que tienen que ver con armas suelen involucrar a personas que poseen estas y no son declaradas, mientras que quienes cuentan con la autorización correspondiente rara vez se implican en situaciones delictivas. "En general, quienes están habilitados no suelen protagonizar hechos de sangre o violencia. Esas situaciones, en su mayoría, corresponden a quienes están al margen de la ley", sumó. La Cámara considera que el Decreto 1081 llega en un contexto en donde la legislación sobre armas, con más de 50 años de vigencia, requería de una actualización. Pese a esto, Ruiz enfatizó en que cualquier reforma debería surgir de un debate amplio, en donde participen expertos en diversas disciplinas, como seguridad, educación, salud y economía. "La seguridad es una ciencia compleja y multidisciplinaria. Es fundamental sentar a la mesa a representantes capacitados de todos los sectores para encontrar las mejores formas de avanzar", finalizó.