Pedro Cruz Oyarzun, un reconocido ex empleado del Poder Judicial, fue imputado por abuso sexual tras ser acusado de violar a un joven en múltiples ocasiones. El juez que intervino en el caso había dictado una prisión preventiva de tres meses, pero tras apelar la decisión, su defensa logró que recuperara su libertad. El caso salió a la luz hace aproximadamente un mes, cuando Oyarzun, apodado "el Chileno" y con una trayectoria de más de 40 años en el Poder Judicial, fue denunciado ante la UFI CAVIG. La denuncia dio paso a una investigación que reveló pruebas comprometedoras para el acusado. El fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Erica Funes señalaron que los abusos sexuales iniciaron en 1997 y se prolongaron durante años. A pesar de la extensión de los hechos, la Fiscalía formalizó cargos solo por cuatro abusos. Debido a la gravedad de las acusaciones, solicitaron la prisión preventiva como medida coercitiva más estricta. El juez de Garantías, Javier Figuerola, avaló la solicitud. En respuesta a la medida, los abogados de Oyarzun, Néstor "Roly" Olivera y Marcelo Sandez, argumentaron que las pruebas presentadas no eran suficientemente graves como para justificar la detención. Según el defensor Olivera, se demostró que los elementos de prueba no eran concluyentes ni daban credibilidad al denunciante. Por ello, la defensa solicitó la revocación de la prisión preventiva. El juez de Impugnación, Eduardo Raed, aceptó los argumentos de la defensa y revocó la medida de prisión. Como resultado, Oyarzun salió de los tribunales sin esposas. Sin embargo, el ex empleado judicial sigue siendo investigado por la Fiscalía, que lo acusa de abusos sexuales ocurridos en 2010, 2013, 2021 y, el más reciente, en abril de 2024. Los primeros tres incidentes están relacionados con abuso sexual con acceso carnal, mientras que el último se califica como abuso sexual simple. Los abusos presuntamente ocurrieron durante diferentes encuentros entre Oyarzun y la presunta víctima, quien en los momentos de los hechos era menor de edad. El Ministerio Público Fiscal tiene un plazo de 8 meses para continuar con la investigación. Además, se resolvió que se incauten los datos del celular de Oyarzun para avanzar con el caso. window.__oai_logHTML?window.__oai_logHTML():window.__oai_SSR_HTML=window.__oai_SSR_HTML||Date.now();requestAnimationFrame((function(){window.__oai_logTTI?window.__oai_logTTI():window.__oai_SSR_TTI=window.__oai_SSR_TTI||Date.now()}))