En una audiencia judicial que duró casi tres horas el lunes 28 de octubre de 2024, el juez Andrés Abelín Cottonaro dictó prisión preventiva para cuatro personas vinculadas a una peligrosa banda de motochorros que atacaba a mujeres en vehículos, principalmente en semáforos. Los acusados son Matías Cortez (30 años), Santiago Valdez (18 años), Enzo Sánchez, apodado "El Chonono" (29 años), y Lucas Araoz, quien fue detenido recientemente. Todos enfrentarán investigaciones por un total de 18 delitos, que incluyen robos simples, robos agravados y asociación ilícita. Los fiscales Claudia Salica, Cristian Catalano y Juan Manuel Gálvez de la UFI Delitos contra la Propiedad detallaron las acusaciones, que abarcan nueve robos simples, cinco robos en concurso con estafa, un robo agravado con un arma de fuego no apta para el disparo, otro agravado con un arma blanca, además de estafa y asociación ilícita. Cortez también se enfrenta a un cargo adicional por encubrimiento agravado en relación con el robo a una vivienda. La situación se complica debido a dos cómplices, Oyola Montiveros y Meritelo, que aún se encuentran prófugos y son objeto de una intensa búsqueda por parte de las autoridades. La banda operaba de manera organizada, utilizando motocicletas y un vehículo Ford Focus como apoyo logístico durante la ejecución de sus delitos, lo que llevó a los fiscales a imputarles el delito de asociación ilícita. Según la investigación, Cortez, Valdez y Sánchez se desplazaban en un Ford Focus negro y en una moto Rouser grande, ubicándose en esquinas o calles de San Juan para sorprender a sus víctimas desprevenidas. Un video del robo a la abogada y funcionaria judicial Sandra Leveque muestra cómo la víctima fue atacada en un semáforo en la calle Salta. También están siendo investigados por otros incidentes. Durante recientes operativos, se incautaron numerosos objetos relacionados con los robos, muchos de los cuales fueron reconocidos por las víctimas, como carteras, billeteras, tarjetas de crédito y celulares. Estos artículos fueron encontrados en diferentes viviendas de los imputados, lo que refuerza la sólida evidencia en su contra. El juez Cottonaro destacó la complejidad del caso y los riesgos asociados a la liberación de los acusados, lo que podría poner en peligro la investigación en curso. A pesar de los esfuerzos del defensor oficial Martín García y del abogado particular Alejandro Castán por lograr la libertad de sus clientes, la decisión de mantener la prisión preventiva fue firme por un período de seis meses en el penal de Chimbas.