Viernes 19.07.2024
Actualizado hace 10min.

Un fiscal federal denunció al ex presidente Alberto Fernández

También fueron acusados los ex directores de la Agencia Nacional de Discapacidad.

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El fiscal federal Guillermo Marijuán denunció hoy al ex presidente Alberto Fernández y a otros ex funcionarios por el aumento desproporcionado de las pensiones por invalidez entre 2020 y 2023.

La denuncia enumera decretos y resoluciones mediante los cuales se habrían flexibilizado los criterios para otorgar esos beneficios, pero también expone una maniobra para hacer “favores políticos” a intendentes y gobernadores. En ese caso, dice la presentación a la que tuvo acceso Infobae, se detectaron “personas que no solo no tenían la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera tenían una condición medica de discapacidad”. Además, se estableció que el proceso de otorgamiento, que podía tardar dos o tres años, se reducía hasta a tres meses.

Además de Alberto Fernández, el fiscal denunció a los ex Directores Ejecutivos de la Agencia Nacional de Discapacidad, Claudio Flavio Augusto Esposito y Fernando Gasto?n Galarraga, y la ex Directora Nacional de Apoyo y Asignaciones Econo?micas, Paula Marti?nez.

En concreto, Marijuán habla de “un plan sistema?tico desplegado en el periodo comprendido entre los an?os 2020 y 2023, consistente en el dictado de normas tendientes a flexibilizar el proceso de otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez para permitir la entrega masiva e irregular de tales beneficios destina?ndolo especialmente “a cuestiones poli?ticas de favores con gobernadores e intendentes”.

Según la investigación de Marijuán, en ese período se otorgaron casi 300 mil nuevos beneficios “lo cual reflejo? un crecimiento exponencial en la concesio?n de aquellos de ma?s del 1500%, pues de 79.581 casos asignados en el an?o 2003 se habri?a ascendido a 1.222.882 prestaciones conferidas en la actualidad”.

La primera norma apuntada es la resolucio?n 8/2020, publicada el 30 de enero de 2020, que “avalo? el inicio del tra?mite para acceder al beneficio en cuestio?n aun cuando no se acompan?e el Certificado Me?dico Oficial y modifico? los para?metros para la determinacio?n del estado socio-econo?mico y de vulnerabilidad de las peticiones atinentes para el otorgamiento, denegacio?n, suspensio?n y caducidad de las pensiones sen?aladas”.

Hasta ese momento, el beneficiario no tenía que ser propietario de un inmueble cuyo valor supere el equivalente a ma?s de 400 jubilaciones mi?nimas o un auto de ma?s de 30 jubilaciones mi?nimas. La resolución de 2020 quitó el tope máximo de los inmuebles y permitió que el solicitante sea considerado vulnerable si tenía un vehículo con una antigu?edad de mas de diez an?os.

La denuncia, que quedó a cargo de Ariel Lijo, también apunta a la resolucio?n 134/2020, que dispuso que, en los casos menores de 18 an?os, el Certificado Me?dico Oficial no sea evaluado por la Coordinacio?n de Fiscalizacio?n Me?dica. Y especialmente el decreto 7/2023, que estableció la posibilidad de acceder a las prestaciones a quienes se encuentren “imposibilitados o imposibilitadas, en virtud de su condicio?n de salud y vulnerabilidad social, para la plena inclusio?n”; no posean un vi?nculo laboral formal; sean argentinos nativos, naturalizados o residente en el pai?s, o bien extranjeros con una residencia mi?nima continuada en el pai?s de 10 an?os; y no posean bienes, ingresos ni recursos suficientes, entre otros”.

No es todo. Marijuán también objetó el decreto 566/2023, publicado en noviembre de ese año, que establecio? que las personas con discapacidad y en situacio?n de vulnerabilidad pueden trabajar y cobrar la pensio?n en forma simulta?nea.

Al final, la denuncia enumera cada una de las concesiones que se hicieron en esos cuatro an1os para obtener la pensión: se quitó el requisito de 76% de incapacidad laboral (Decreto 7/2023, Resolucio?n 70/2023), la imposibilidad de trabajar (Resolucio?n 34/2020, Decreto 566/2023 y Resolucio?n 1786/2023), se redujo la cantidad mi?nima de residencia de extranjeros de 20 an?os a 10 an?os, se quitó el chequeo nacionalidad y de residencia mi?nima contra datos fiables de migraciones, el limitante de sustento de grupo familiar, y se cambió la definicio?n de vulnerabilidad para permitir poder darle la pensio?n no contributiva a ma?s personas, inclusive no vulnerable (Resoluciones 1377/2021, 134/2020, 70/2023, 1786/2023).

El segundo tramo de la denuncia apunta a los “favores políticos”. En ese punto, Marijuán destaca 259 operativos de alta masiva de pensiones que se hicieron en las provincias. Las más beneficiadas habrían sido las que estaban gobernadas por el peronismo como Chaco (Jorge Capitanich), Formosa (Gildo Insfra?n), Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Tucuma?n (Juan Luis Manzur), Misiones (Oscar Herrera Ahuad) y Buenos Aires (Axel Kicillof). “En las provincias en las que el Gobernador no era “amigo”, por ejemplo, Corrientes (Gobernador Gustavo Valde?s), posiblemente acordaban sus planes con los intendentes”, dice la presentación.

Alberto Fernández encabeza la lista de funcionarios denunciados por esa maniobra, encuadrada bajo el delito de defraudacio?n a la administracio?n pu?blica. “El ex Presidente de la Nacio?n y los sucesivos funcionarios a cargo del ANDIS dictaron normas que inexplicablemente llevaron a eliminar la condicio?n de inva?lido como requisito de este beneficio que justamente es la pensio?n por invalidez, de este modo se obsequiaron prestaciones con dinero pu?blico para llegar a manos de personas que no reuni?an los requisitos legales. Con este acomodamiento normativo solo se busco? una gratuidad popular”, sostuvo Marijuán.

No solo aumentó el número de pensiones, sino que se detectaron irregularidades graves como certificados acompan?ados por radiografi?as de animales o poemas como estudios complementarios.