En medio del conflicto por las prepagas, el ministro de Salud, Mario Russo, reorganizó el organigrama de su gabinete, cuyo proceso se había iniciado con la incorporación de Cecilia Loccisano como secretaria de Gestión Administrativa. Según pudo saber TN, esta reestructuración busca fortalecer la gestión del área. Las designaciones se harán efectivas en las próximas horas. También salieron funcionarios de primera línea del ministerio. En ese proceso, la jefatura de Gabinete del ministerio quedará en manos del actual director del Hospital El Cruce, Ignacio Grosso, en lugar de Silvia Margarita Prieri. En reemplazo de Andrés Roberto Scarsi (exministro de Salud de la gestión Vidal en Buenos Aires), se incorporará como secretario de Acceso y Equidad en Salud, Pablo Bertoldi, actual director del Hospital Posadas; mientras que Hernán Cohen será el nuevo subsecretario de Planificación y Programación Sanitaria, en lugar de Hernán Seoane. Para asumir como subsecretario, Cohen dejará la Dirección Nacional a cargo de la Dadse y de la entrega de medicamentos oncológicos, que fuentes del ministerio aseguran que ya se encuentra normalizado. En la lista de los que se mantendrán dentro del quipo del Ministerio de Salud, Leonardo Busso seguirá al frente de la Secretaría de Calidad en Salud; Roberto Moro, como secretario de Políticas Integrales sobre Drogas; Paula Zingoni como subsecretaria de Relaciones Sectoriales y Articulación, y Enrique Rifourcat como subsecretario de Institutos y Fiscalización. El conflicto de las prepagas coló cambios en el gabinete de Salud La decisión de Russo de reestructurar su equipo de trabajo se conoció un día después de que el Gobierno alcanzó un acuerdo con las empresas de medicina prepaga, tras una extensa audiencia convocada por el juez Juan Rafael Stinco. Las compañías se comprometieron a devolver en 12 meses lo cobrado por encima de la inflación entre enero y abril y se consensuó que en junio, las cuotas se actualizarán por la tasa pasiva del Banco Nación (es la que pagan los depósitos a plazo fijo) y desde julio, los aranceles se ajustarán “libremente”. De acuerdo con el documento, las empresas se comprometen a reincorporar “en iguales condiciones y sin restricciones ni penalización alguna a quienes hayan sido dados de baja por falta de pago debido a los incrementos”. Las prepagas aumentaron el valor de sus cuotas todos los meses del año después de que el presidente Javier Milei decidiera no intervenir en los precios. Los aranceles mostraron subas del 30% en enero, del 26% en febrero, del 23% en marzo y 19% en abril. Tras acusarlas de “cartelización” y de aplicar aumentos excesivos que “golpearon a la clase media”, el Gobierno subió la tensión y las denunció en la Justicia, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Luego les ordenó que ajustaran los incrementos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Lo que faltaba definir era cómo se devolvería lo cobrado de más y ese lunes llegaron a un acuerdo.