El gobierno de Perú publicó un decreto oficial en el que señaló que las personas trans tienen un "problema de salud mental", y las críticas -tanto de la oposición como de la comunidad médica y de distintas organizaciones- no tardaron en llegar.  La normativa, que lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte y de los ministros de Economía y de Salud, José Arista y César Vázquez Sánchez, respectivamente, definió al "transexualismo"; "transvestismo de rol dual" y "trastornos de la identidad de género en la niñez" como enfermedades y las incluyó en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, que contempla que puedan recibir atención médica en centros públicos y privados. A su vez, introdujo en el listado a "otros trastornos de la identidad de género"; al "trastorno de la identidad de género, no especificado"; al "transvestismo fetichista" y a la "orientación sexual egodistónica". En este marco, la diputada opositora Susel Paredes pidió al ministerio de Salud la derogación del decreto, sobre el que advirtió que "refuerza el estigma y discriminación hacia las personas trans". La legisladora de la alianza de centro izquierda Juntos por el Perú sostuvo también que "urge implementar políticas de salud mental acorde a los estándares internacionales para garantizar el derecho a la salud, igualdad e identidad". En su petición, consideró "inexplicable" la implementación de "categorías de diagnóstico desactualizadas y patologizantes para la población LGBTI, especialmente para las personas trans, las cuales no van a la vanguardia de los últimos hallazgos científicos y la realidad social de las personas de la diversidad sexual y de genero". Al respecto, indicó que "Contradice los estándares internacionales de salud mental establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al no considerar e implementar la actual Clasificación Internacional de Enfermedades", que en 2018 excluyó a las identidades trans de su listado de patologías. Previamente, había expresado su rechazó la asociación Más Igualdad Perú, que envió a Vázquez Sánchez una carta en la que, con el respaldo de 414 profesionales de la salud mental y de 176 organizaciones de derechos humanos, le exigió "revertir la inclusión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades".