Desde Washington, Estados Unidos, el Departamento de Estado publicó hoy su informe sobre la práctica de los derechos humanos en el Mundo, que incluye un extenso capítulo sobre la situación de la Argentina en 2023. El informe que tiene un prólogo de Joseph Biden cuestiona el compromiso del gobierno de Alberto Fernández en la lucha contra la corrupción pública y cita como ejemplo la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad a seis años de prisión. En la Sección 4 del capítulo sobre Argentina, bajo el subtítulo Corrupción en el Gobierno, se puede leer: “La ley preveía sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no la implementó de manera efectiva. Durante el año hubo numerosos informes de corrupción gubernamental. Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”, sostiene. “Fernández de Kirchner y nueve implicados (45 en total) fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015, cuando Fernández de Kirchner era presidente. Los fiscales estimaron el valor total del plan de soborno en 160 millones de dólares. Fernández de Kirchner fue condenada y en diciembre de 2022 un tribunal de primera instancia la condenó a seis años de prisión, multa e inhabilitación perpetua para cargos públicos. La sentencia no sería definitiva hasta que se decidieran las apelaciones finales”. Además de mencionar casos en la administración peronista, el informe del Departamento de Estado refiere a causas de corrupción que implicaron a miembros del Poder Judicial de la Argentina. Como ejemplo, se menciona la sentencia contra el juez federal de Mendoza, Walter Bento. “El 26 de julio comenzó un juicio federal contra el ex juez federal Walter Bento, su familia y otros 29 acusados, entre ellos abogados y agentes de policía. El tribunal acusó a Bento de liderar una organización criminal con vínculos con el narcotráfico y fue acusado de lavado de dinero y de aceptar sobornos a cambio de clemencia y otros beneficios judiciales. El 8 de noviembre, Bento fue puesto en prisión preventiva tras perder los privilegios de inmunidad, cuando un jurado decidió destituirlo de su cargo por mal desempeño de sus funciones”, sostiene el reporte presentado por Blinken. En la sección 4 también hace referencia a la corrupción en las fuerzas de seguridad. No se mencionan casos específicos, sino que hace una caracterización general de la situación en el país. “En algunas fuerzas de seguridad se produjo corrupción y complicidad oficial. Los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de quienes estaban involucrados en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y el comercio sexual. Fueron frecuentes las acusaciones de corrupción en los tribunales provinciales y federales”, afirma el informe internacional. El dossier fue presentado por Blinken en conferencia de prensa y también hace referencia a la situación de las cárceles en el distrito bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. El informe sostiene lo siguiente: “Las condiciones carcelarias son duras debido al hacinamiento, la mala nutrición y atención médica y las condiciones insalubres. (...) El hacinamiento en las cárceles siguió siendo un problema. A junio (2023), la provincia de Buenos Aires estimaba una población carcelaria de 53.097 en un espacio diseñado para 26.886 personas”. Y completa: El hacinamiento en los centros de detención a menudo daba lugar a que las personas permanecieran retenidas en las comisarías de policía durante períodos prolongados, aunque algunas ONG y el defensor del pueblo penitenciario nacional señalaron que la ley prohibía hacerlo. El 18 de julio, organizaciones de derechos humanos protestaron por el hacinamiento en las comisarías de Buenos Aires. Organizaciones de derechos humanos estimaron que 1.155 detenidos se encontraban recluidos en espacios diseñados para 543″. En el capítulo Libertad de Expresión, el informe de Estados Unidos describe la situación de los medios de comunicación durante el último año del gobierno que compartieron Alberto Fernández y Cristina. Al respecto afirmó: “Las organizaciones de vigilancia de la libertad de prensa informaron que comentarios agresivos contra periodistas por parte de líderes políticos y candidatos, así como declaraciones del presidente y de un gobernador provincial, entre otros, limitaron la libertad de prensa”. Por último, el Departamento de Estado describe la situación de los periodistas y su trabajo profesional en Rosario, bajo el fuego cruzado de narcotraficantes, barras bravas y punteros políticos. “Las organizaciones nacionales de vigilancia de la libertad de prensa, FOPEA y ADEPA, advirtieron que grupos criminales “afectaron” la libertad de expresión al intimidar y amenazar a periodistas, particularmente en la ciudad de Rosario. Ambas organizaciones afirmaron que la intimidación de los medios por parte de bandas criminales locales surgió como una amenaza real a la seguridad de los periodistas”, precisó el dossier que se presentó en Washington.