La jueza federal de Chaco Zunilda Niremperger procesó este martes al dirigente piquetero Emerenciano Sena, a su mujer Marcela Acuña, y a Osmar “Quintín” Gómez, un ex funcionario del gobierno de Jorge Capitanich y allegado a los Sena, en una causa por el delito de trata de personas. El expediente comenzó en 2010, cuando Sergio Schoklender estaba al frente del programa Sueños Compartidos y acusó al piquetero, entre otros delitos, de someter a la servidumbre a las personas que trabajaban en un predio ubicado sobre la ruta 11. La causa estuvo parada durante casi 13 años pero fue reactivada por el fiscal Patricio Sabadini, tras el asesinato de Cecilia Strzyzowski, con nuevos testimonios. Una de las testigos, Marcela Beatriz Leiva, contó cómo llegó al clan Sena y reveló las condiciones en las que trabajaban. “El trato era siempre malo, había insultos, denigraban a todos los trabajadores, los manipulaban y amenazaban. Los obligaban a ir a las plazas para mostrar la fuerza que tenía el movimiento, les decían que debían llevar a los chicos para que estos aprendan el espíritu de lucha y a la vez sirvan de escudo para que no los repriman”, declaró ante la Fiscalía. Sabadini también citó a María Soledad Vega, quien ratificó el maltrato que sufrían los trabajadores. “Un día Marcela Acuña golpeó a una compañera llamada Alejandra cuando estaba trabajando porque decía que provocaba a los compañeros y la humilló después en una reunión ante todos”, recordó. También declaró Schoklender, quien le apuntó al rol del gobernador Jorge Capitanich. “Hubo una decisio?n poli?tica de la gobernacio?n de negociar entre comillas con Emerenciano Sena y Marcela Acun?a para no generar conflicto y cortes de puente y cortes en la ciudad”, sostuvo. El ex apoderado se reunió en ese momento con el gobernador y le explicó los motivos del conflicto. Según el ex apoderado de las Madres, Sena pretendía que los pagos a los obreros se realicen en efectivo para “manejar el dinero”. En cambio, la Fundación impulsaba la bancarización de todos los empleados. Sena y su mujer permanecen bajo prisión preventiva por el crimen de Cecilia y hace un mes fueron trasladados a cárceles comunes. Esa investigación continúa su curso para tratar de esclarecer cómo desecharon el cuerpo.