La CGT, en coordinación con las dos CTA, más la adhesión de distintos movimientos sociales y de partidos y sindicatos de izquierda, se movilizan el mediodía de este miércoles al Palacio de Justicia en repudio al DNU 70 dictado por el gobierno del presidente Javier Milei. La central obrera presenta un amparo con el objetivo de desactivar el decreto que desregula la actividad de económica con un gran impacto en la relaciones laborales. “El objetivo es que no siga su curso el DNU”, definió este martes Héctor Daer, uno de los tres secretarios generales de la CGT. El dirigente sindical hizo declaraciones antes de ingresar al Congreso, donde la cúpula cegetista mantuvo una reunión con el interbloque de senadores de Unión por la Patria, para discutir acciones en paralelo, siempre con el objetivo de impedir que el DNU 70 entre en vigencia. La convocatoria de la CGT a marchar a la Plaza Lavalle, en el macrocentro porteño, se formalizó la semana pasada, después de una reunión del Consejo Directivo Nacional, donde también se definió otro paso: el jueves se reunirá el Confederal de la CGT, plenario donde coinciden los integrantes del Consejo Directivo más todos los secretarios generales de la regionales cegetistas de todo el país. La reunión del Confederal es clave: Daer anunció que allí, en el máximo órgano deliberativo de la CGT, se discutirá “un plan de acción” para derribar el DNU, y no se descarta que se vote la realización de un paro general. “No solo (se discutirá) un paro, sino un plan de lucha: el objetivo es que no siga su curso el DNU, lo demás son instrumentos para lograr ese objetivo”, definió. Este martes la CGT mantuvo reuniones de coordinación para la marcha con distintas organizaciones sindicales y sociales. Se informó que movilizan los grandes sindicatos como UOCRA, SMATA, UOM, los estatales de UPCR, sanidad, camioneros y comercio, entre otros.   La movilización implica un gran desafío para el Gobierno nacional que el 20 de diciembre pasado estrenó el protocolo anti-piquetes ideado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, reiteró las advertencias que formuló la semana pasada, cuando siguió la marcha del Polo Obrero y de la Unidad Piquetera (de no más de cinco mil manifestantes) desde la sede la Policía Federal junto al presidente Milei. La ministra de Seguridad insistió que dará de baja los planes sociales de quienes que corten calles en la marcha de la CGT. “Hace 16 días que asumió este Gobierno y esta es la tercera manifestación”, se quejó Bullrich sobre la convocatoria cegetista. La ministra pidió “a todos los ciudadanos argentinos, y especialmente los trabajadores, que entiendan que este Gobierno está desarmando un modelo corporativo, que solo beneficia a unos pocos, y ha dejado a millones de trabajadores fuera del trabajo formal”. El vocero presidencial Manuel Adorni también se mostró desafiante ante la marcha de la CGT: “Sigue abierta la línea 134 para los que se sientan extorsionados para ir a movilizarse”, dijo. Advirtió que el Gobierno usará “todas las medidas de disuasión” de que dispone, como el protocolo de orden público. “En este camino de los argentinos que quieren un país distinto, hay otros que no quieren cambiar, que anuncian marchas y protestas, y ahí se verá quien está en defensa de sus propios intereses y quienes se quieren beneficiar con el status quo”, dijo Adorni. Admitió en la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, que la movilización fue objeto de “charla y debate” en la reunión de Gabinete de esta mañana. A Daer se le preguntó por las advertencias del Gobierno: “Miedo, no. Lo que no queremos es un show. El país no está para este tipo de tensiones. El Presidente salió con adjetivos, y la Argentina no está para ironías; la situación es grave. Desde el Presidente hasta nosotros tenemos que aportar seriedad absoluta”, dijo Daer. Explicó que la CGT presenta un amparo judicial (estiman que el recurso podría llegar a la Corte Suprema) y después se leerá un documento en la Plaza Lavalle. ¿Y el protocolo anti-piquete? Un dirigente de la CGT comentó a este medio que se le presentó al Gobierno porteño un plan, con los lugares donde cada sindicato se concentra y por qué avenidas se marcha hacia el Palacio de Tribunales. “Las veredas en Buenos Aires son estrechas”, bromeó Hugo “Cachorro” Godoy, titular de la CTA  Autónoma, sobre la imposición del protocolo de Bullrich que restringe la manifestación callejera. A la marcha se suman agrupaciones políticas y sindicales de izquierda, pero lo hacen “como un bloque independiente, bajo las consignas de paro activo nacional y plan de lucha; abajo el DNU, el Protocolo y la Ley Ómnibus; no al plan de ajuste de Milei y el FMI y ningún despido”. El PTS Frente de Izquierda, el Polo Obrero y Unidad Piquetera, entre otros, convocaron a la Plaza Lavalle para las 11.   LA JUDICIALIZACIÓN DEL DNU Este martes el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal acumulaba ocho amparos contra el DNU de desregulación económica. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó una “acción declarativa de inconstitucionalidad” contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre último con un pedido de medida cautelar para suspender sus efectos hasta el dictado de sentencia definitiva. Gil Dominguez pidió que “oportunamente se dicte sentencia declarando la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable” del decreto. Además, reclamó el dictado de una medida cautelar que suspenda sus efectos hasta que haya sentencia definitiva. “El Poder Ejecutivo Nacional mediante el dictado del DNU utiliza un mecanismo de legislación excepcional previsto por el art. 99.3 de la Constitución argentina - de interpretación y aplicación restrictiva- para sustituir integralmente la función legislativa a través del abuso de derecho público y el desvío de poder”, denunció el constitucionalista. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció penalmente al presidente Javier Milei, junto a “todos los involucrados” en la elaboración del DNU y los acusó de haber incurrido en abuso de la autoridad y “varios delitos”. “El delito tipificado en el art. 29 de la Constitución Nacional que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o que ubiquen al Presidente en una posición de supremacía por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a su merced y de su Gobierno”, dijeron en ATE. El Gobierno nacional anunció este martes la baja los contratos a empleados estatales firmados en 2023. ATE también movilizará a Tribunales en repudio al despido de” 7 mil trabajadores de Administración Pública Nacional”.