Desde el gobierno de San Juan, Marcelo Orrego dio la orden de dar de baja a todos los teléfonos corporativos de los funcionarios. Se trata de alrededor de 200 líneas telefónicas que se usaban durante el gobierno anterior, y que implicaban unos $2.500.000 mensuales. Desde ahora, cada funcionario se hará cargo de pagar su servicio y su celular. Asimismo, trascendió que el gobernador ordenó que se auditen los gastos de choferes, combustible y autos contratados por el Estado provincial. En sintonía con la austeridad que reclama la sociedad, el gobernador Orrego ya había dado de baja al 30% de los cargos políticos. En esa misma línea, ni bien asumió, también dio de baja a los nombramientos realizados en los últimos 6 meses por el anterior gobierno peronista.