En la Cámara de Diputados las sesiones dejarán de ser como en los últimos 20 años de gestiones peronistas, en las que el oficialismo se imponía por la amplia mayoría con la que contaba. Desde ahora, en el Gobierno de Marcelo Orrego, quien se encuentra en un tablero inédito de minoría legislativa, se discutirá todo, cada uno de los proyectos. Eso se vio en la continuidad de la extraordinaria de ayer, en la que hubo convivencia entre el bloque de Juntos por el Cambio (JxC) y el PJ y sus aliados, al punto que hubo acuerdo en la designación del orreguista Sebastián Dávila como fiscal de Estado Adjunto y la ibarrista peronista Florencia Peñaloza en la Defensoría del Pueblo. Las negociaciones se trabaron en el nombramiento del legislador en el Consejo de la Magistratura y los dos vocales del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM), aunque, para evitar una ruptura, se postergó la discusión para el próximo jueves. La sesión que se llevó a cabo este jueves fue la primera prueba de fuego en la puja de poder entre las fuerzas políticas que integran la nueva Legislatura. JxC, que es gobierno, posee tan sólo 12 de los 36 legisladores, mientras que el PJ y sus socios cuentan con 23, mientras que el sector libertario tiene uno. Lo primero que se trató, en cuanto a relevancia política, fue la designación de Dávila como fiscal de Estado Adjunto. Para que el nombramiento tuviera la aprobacióbn legislativa, el orreguismo debía contar con el voto de 18 de los 35 diputados presentes. Un número al que por sí solo no llegaba. Sin embargo, el resultado fue por unanimidad, lo que reflejó el primer acuerdo en un tema delicado. La administración de Orrego jugó fuerte, ya que encaró el reemplazo del número dos de Fiscalía de Estado, Gastón Orzanco, y consiguió que renunciara su titular, Jorge Alvo. Ambos habían sido designados en la gestión uñaquista. Así entró Dávila, con un respaldo legislativo total, quien se hará cargo provisoriamente del organismo que defiende el patrimonio de la provincia, hasta que se dispare un concurso del Consejo de la Magistratura para elegir al nuevo titular. Hubo mucha negociación entre los representantes de los distintos bloques. Inclusive, los presidentes de las bancadas tuvieron contacto con el titular de la Cámara, Fabián Martín, socio de Orrego y espada política en la Legislatura. De hecho, cuando se iba a tratar un tema espinoso, como el diputado que irá al Consejo de la Magistratura, hubo acuerdo para cambiar el orden y abordaran la designación del Defensor del Pueblo. Ahí también existió un claro pacto, ya que el PJ propuso a Peñaloza, ligada políticamente a Mauricio Ibarra, quien tuvo un apoyo unánime. También se repartieron los diputados que integrarán el Jurado de Enjuiciamiento. Tal como se había anticipado, los puntos conflictivos fueron los lugares en el Consejo de la Magistratura y el IPEEM. El primer organismo es el encargado de armar las ternas de jueces, fiscales y defensores. Tradicionalmente, el puesto quedaba para el diputado oficialista, por lo que, ahora, le toca a JxC. Sin embargo, el PJ también quiere el cargo, en base a su mayoría. Por el lado del IPEEM, la norma indica que los vocales les corresponden a la primera y segunda minoría. En ese caso, a Producción y Trabajo y al bloquismo, aseguran en el oficialismo. Sin embargo, en el peronismo señalan que el Ejecutivo designará al presidente y al vice y que sería desproporcionado que el orreguismo ponga a un vocal, ya que, cuando se sancionó la ley, se pensó que esos puestos fueran a la oposición. Cada postura era sostenida con fuerza y, para evitar choques en la primera sesión, teniendo en cuenta que vendrán muchas más negociaciones, se pasó a un cuarto intermedio para el jueves, con el fin de calmar las aguas y ver si se puede llegar a acuerdos.  Nombres, recorte y bloques En el medio de las negociaciones por los cargos, trascendió que el PJ quiere proponer a Alberto Hensel en el IPEEM. Se trata del exministro de Gobierno y de Minería de la gestión uñaquista, quien llegó a ser secretario de Minería de la Nación. Por su parte, JxC se encaminaba a postular al abogado Marcelo Yanzón. Entre esas fuerzas estaba la disputa. La otra vocalía sería para el bloquismo y el que sonaba era el exdiputado Andrés Chanampa, dijeron fuentes legislativas. En el Consejo de la Magistratura, el que tenía fichas por parte del oficialismo es Juan Cruz Córdoba, presidente de la bancada de Producción y Trabajo. Por otro lado, el titular de la Cámara, Fabián Martin, dijo que, en línea con el Gobierno, hará un recorte del gasto político del 30 por ciento y que dialogará con los representantes de las distintas bancadas para llevar adelante la medida, la que se puede dar entre asesores y coordinadores. En el recinto sonó que se daría una poda en la llamada estructura de bloque (cargos de secretario y director) para algunos de los partidos, sobre todo, en aquellos que cuentan con un solo diputado. Ahí entran tanto aliados de Producción y Trabajo, como el Pro, la UCR y Actuar, como socios del PJ, como el Frente Grande, el Frente Renovador y el partido municipal de Ullum, Mejor Nosotros. El reglamento interno de la Legislatura les concede dicha estructura, por lo que, de concretarse, deberá llegarse a acuerdos políticos. El Jury El acuerdo incluyó al organismo que enjuicia a los magistrados. Como miembro titular fue designada la diputada Marcela Quiroga, de JxC. El otro fue el ullunero Leopoldo Soler, aliado del PJ a través de su partido municipal Mejor Nosotros.