Desde noviembre del año pasado, la construcción del Penal de Ullúm viene postergandose y, si bien hay una luz de expectativa para reiniciar los trabajos en la actúal gestión, todo indica que quedará bajo la decisión del próximo gobierno de Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio (JxC). Así, en la administración uñaquista, al menos quieren dejar todo listo en cuanto a la definición de la cantidad de celdas (dado que hubo una reestructuración del proyecto), la provisión de un servicio como el agua, el tema administrativo del parate de la obra y, fundamentalmente, los costos, según explicó el subsecretario de Arquitectura, Oscar Montero. De esa manera, la nueva cárcel va camino a ser otra obra que tendrá que encarar y terminar el próximo Ejecutivo, como la Central de Policía, la Ciudad Judicial y proyectos viales como el acceso que une la localidad de Tudcum con Rodeo, en Iglesia, y los dos tramos de la Ruta 436, que unen Talacasto con Iglesia.   La construcción arrancó a principios de 2020 y se planeó como un penal de máxima seguridad para alojar a 680 internos, pero hubo una redefinición del proyecto y "ahora estamos hablando de cerca de 1.800, por lo que las celdas que eran unipersonales ahora son de dos o tres personas", indicó Montero. El cambio obedeció a que la mayoría de los ingresos al penal de Chimbas se debe a personas que tienen que cumplir encierros por periodos menores a los 6 años, es decir, no son casos de máxima seguridad. Desde el punto de vista económico, la Nación le confirmó a principio de año a la gestión uñaquista que no aportará recursos como se había previsto, por lo que la financiación total deberá salir de las arcas locales. A cambio, el Gobierno central se comprometió a pagar la mitad del costo de la Ciudad Judicial.   El subsecretario de Arquitectura dijo que la obra tiene entre un 7 y 8 por ciento de ejecución, en lo que se ha construido "el núcleo de los terraplenes, las columnas, las plateas de fundación hormigonadas". Al mismo tiempo indicó que no sólo se ha redefinido tamaños de celdas, sino también "la ingeniería de instalación sanitaria, la eléctrica y la termomecánica. Todo eso es lo que está en proceso de aprobación de los nuevos proyectos que ha presentado la UTE (Unión Transitoria de Empresas)", la que está conformada por Cicon, Mapal y Galvarini. En ese sentido, Montero expresó que la idea es dejar el proyecto "activo". Según explicó, es "dejar la obra cargada con la modificación de contrato. Resolver todo el tema económico, legal y administrativo. Estamos trabajando para eso. No es fácil, los tiempos nos apremian. También hay un tema de costos. Hoy es difícil tener el valor de muchos elementos, con lo cúal, eso también complica. Nuestra intención es que la nueva gestión no se encuentre con el problema de una obra a la que hay que activar y ponerle gestión de adecuación". Según había estimado en mayo el ministro de Obras, Julio Ortiz Andino, el proyecto estaba valuado en unos 15 mil millones de pesos.   Ante las definiciones, Montero indicó que la expectativa es poder reactivar las tareas en lo que queda de la gestión uñaquista, aunque reconoció que es difícil porque "los tiempos son exiguos". Además, expresó que "el área legal es la que tiene que dar la viabilidad para continuar con este proceso", sumado a que opinó que "no va haber un nuevo llamado a licitación en la medida que nos podamos poner de acuerdo. Mientras no ocurra una rescisión de mutuo acuerdo, este contrato debería contemplar todas las soluciones".