El presidente del Consejo de la Magistratura, el cortista Juan José Victoria, calculó ayer que en octubre pueden definir las ternas de los 14 cargos judiciales, las que, luego, serán enviadas a la Cámara de Diputados para la designación de los magistrados. El plazo obedece a que la cantidad de inscriptos en el concurso constituyó todo un récord: son 340 postulantes que los miembros del organismo deberán entrevistar después del 5 de septiembre. El antecedente más numeroso fue en 2020, con 280 anotados para 30 puestos en el Poder Judicial. Si bien los concursos siempre han despertado interés por las figuras políticas, judiciales y profesionales que terminan participando, este en particular llamó aún más la atención por el condimento político que le imprimió el vicegobernador electo Fabián Martín, de Juntos por el Cambio (JxC). El hoy intendente de Rivadavia había señalado en Radio Sarmiento que los nombramientos de los cargos judiciales debían quedar para después del 10 de diciembre, tras la asunción de Marcelo Orrego, o que debían acordarse, además de que había expresado que no quería militantes ni funcionarios del actual Gobierno dado que circulaban nombres (no dio detalles) que "ponían en riesgo" de que se politice la Justicia. Tanto Sergio Uñac como el vice, Roberto Gattoni, le contestaron que JxC era "selectivo" a la hora de tratar los temas, ya que no habían querido participar de la paritaria docente tras el convite oficial. Finalmente, hay funcionarios que se anotaron, pero que pertenecen a terceras líneas y que no han levantado polvareda, como Juan Pablo Dara, director de la Inspección General de Personería Jurídica (para juez de Paz de Capital y defensor Oficial); Adriana Ginestar, directora de la Mujer (para fiscal y defensora), y Romina López, directora del Registro Civil (para jueza de Paz de Capital y defensora). También trascendió que hay letrados vinculados a JxC, como Federico Ticle, quien trabaja con Marcelo Orrego, y Maximiliano Lecich, quien lo hace con Roberto Basualdo, y Ana Carolina Martínez, ligada a Actuar. Los puestos en juego son: uno para la Cámara Civil, uno para el Tribunal de Impugnación, uno para el Juzgado de Ejecución Penal, uno para el Juzgado de Paz de Capital, cuatro para juez de primera instancia, tres para defensores Oficiales, uno para fiscal, además de otro fiscal y un asesor Oficial para la Segunda Circunscripción Judicial con sede en Jáchal. Se tratan de cargos bien remunerados y con sus cuotas de poder, sobre todo el de camarista Civil y el de camarista Penal del Tribunal de Impugnación. Para el primero, se anotaron siete de los ocho jueces Civiles de primera instancia: Héctor Rollán, Humberto Conti, Vilma Balmaceda, Walter Otiñano, Luis Arancibia, Pablo Farina y Pablo Oritja. Además, se inscribieron el juez laboral Matías Pallito y los de Familia Marianela López, Gustavo Almirón y Esteban De la Torre, sumado al asesor Oficial Ernesto Escobar. Para el segundo, se anotaron el juez Alberto Caballero, los jueces de Flagrancia Ricardo Moine y Ricardo Grossi y el fiscal Renato Roca. Luego, hay un lote importante de funcionarios judiciales (secretarios y ayudantes fiscales) que buscan el ascenso a primera instancia, al igual que reconocidos litigantes (ver recuadro). A su vez, llamó la atención la inscripción de Romina Solera, exdiputada de Producción y Trabajo, quien se fue, se alió al PJ y fue electa concejal en Ullum. El 1, 4 y 5 de septiembre se abre la etapa de impugnación entre los candidatos y, después, el Consejo debe definir el calendario de entrevistas. Victoria indicó que debe acordar con el resto de los integrantes del organismo la disponibilidad de días y horas para encarar el trámite, por lo que estimó que pueden finalizar las entrevistas en octubre y, ese mismo mes, elaborar las ternas.