La situación del Club Sportivo Peñarol es muy comprometida. Tras el estallido que provocó la denuncia contra Oscar Cuevas por supuesta malversación de fondos, ahora la Inspección General de Personas Jurídicas intimó a los dirigentes para que muestren papeles. Según pudo averiguar Tiempo de San Juan, el ente gubernamental le dio a la comisión directiva un plazo de 72 horas para que entreguen el libro de actas, balances y demás documentos de la institución. La intimación se hizo oficial este lunes 28 de agosto. El objetivo de la IGPJ es conocer el estado financiero del Bohemio para, una vez revisados y aprobados los balances, dar luz verde a una Asamblea Extraordinaria para llamar a elecciones. Si las autoridades del club desobedecen esta petición, será Personería Jurídica la que convoque a elecciones en los próximos días: el miércoles 20 de septiembre aparece como fecha tentativa. Cabe destacar que la comisión directiva presidida por Oscar Cuevas tiene el mandato vencido. En julio pasado venció la última prórroga y si bien no se le extendió, desde entonces siguen al frente de la institución bajo apercibimiento de tener que realizar la asamblea. Pese a esta situación, en el caso de Cuevas, de no ser autoridad vigente, continuó estando al frente de las decisiones deportivas y manejo de las cuentas del club. De hecho, hace pocos días, después de la denuncia penal que hizo un grupo de socios en su contra, el excamionero decidió remover de sus funciones al hombre que reveló el faltante de $9 millones del club. Se trata de Francisco Guillen, el dirigente que cumplía la función de secretario general y que en mayo pasado denunció que Cuevas había retirado de la cuenta bancaria del club el subsidio millonario sin aprobación de los demás dirigentes. Sin embargo, al estar vencido el mandato, esta decisión sería inviable.