El Tribunal de Cuentas tiene la lupa puesta sobre el intendente de Sarmiento, Mario Martín y otros cinco funcionarios de su gestión, tras revisar las cuentas administrativas del 2021 y hallar una serie de irregularidades que representan un gasto para la comuna. Ahora, los funcionarios, incluido el jefe comunal, deberán devolver el dinero que no pudieron justificar como gasto del Estado. El organismo que controla el gasto público los declaró “responsables patrimoniales” a los funcionarios sarmientinos, al no poder justificar una serie de gastos y debido a la falta de documentación que argumente los mismos. De acuerdo al procedimiento, los funcionarios hicieron sus respectivos descargos, conforme señala Diario de Cuyo. Incluso lograron presentar algo de documentación, pero no pudieron justificar un gasto total de 4.611.000 pesos. La notificación se emitió a fines de la semana pasada, tras una sesión llevada a cabo en el Tribunal de Cuentas. En detalle, falta documentación de un desembolso que recibió la Cooperativa de Trabajo Virgen del Carmen 2, de 1.900.000 pesos en concepto de contratación. Otra irregularidad es una ayuda económica para la Cooperativa Productores Mineros de Los Berros, de 500.000 pesos. También se detectó la colaboración de 1 millón de pesos para la Fiesta de la Tradición. En este caso particular sí se presentó documentación, pero no se pudo justificar el gasto. A eso se suma un desembolso de 460.000 pesos para una cabalgata, 86.000 pesos para una competencia deportiva y 336.000 pesos para gastos de un campeonato de fútbol departamental. Pero eso no sería todo, ya que también se registran irregularidades en los viáticos de un viaje que realizaron fuera de la provincia el concejal David Mortensen y la asesora contable Silvana Romero. Se trata de 15.000 pesos por un lado y 9.0000 por el otro. En este caso en particular los montos están individualizados para que su devolución la realicen los implicados mencionados. Por otras estas irregularidades y la falta de documentación quedaron implicados el intendente Mario Martín, el director de Gobierno, Diego Cortez; el de Hacienda, Mario Ramírez, y el tesorero Daniel Villafañe. Tras la resolución, a los implicados les queda la instancia de pedirle una reconsideración al propio Tribunal y, de recibir otro revés, acudir a la Corte de Justicia. Una vez que se cumplan todos los pasos y si quedara firme la sanción, Fiscalía de Estado es la que llevará adelante la ejecución de los montos, que puede ser por medio de embargo de bienes o bien los funcionarios cuentan con la opción de pagar la totalidad del dinero en cuestión de sus bolsillos.