La crisis de agua en Uruguay continúa y la población responsabiliza al Gobierno ya que aseguran que es una situación que se advirtió hace tres años. Los ambientalistas aseguran que el proyecto Neptuno que planteó Lacalle Pou es anticonstitucional. “La situación crítica empezó en enero, estamos hablando de seis meses”, aseguró Gerardo, un ambientalista, a C5N. Contó que esta realidad se veía venir desde hace tiempo y hubo diferentes tipos de alarmas. Contó que “el gobierno no ha planificado esta situación que está planificada en un informe de la universidad el año pasado, el organismo de meteorología INUMET está anticipando esta sequía desde hace tres años”. El gobierno argentino le había ofrecido ayuda al país vecino, pero finalmente decidieron no aceptar. Actualmente la idea que tienen los dirigentes políticos es tomar agua del Río de la Plata: “Este proyecto es privatizado por cuatro empresas uruguayas y no llegan a cubrir un total sino un 30%”. Este accionar fue cuestionado por academias y universidades, pero también rechazado por la sociedad ya que consideran que es inconstitucional. Porque el artículo 47 de la constitución uruguaya asegura que “el uso de agua es prioritario para consumo humano sin anteponer razones de orden económico”. Al privatizarlo, deja de ser prioridad para la sociedad. Además, el gobierno previo había empezado con otro proyecto que iba a fortalecer aguas corrientes para que sea proveído de agua potable para la mitad de la población. Tenían los trámites hechos y los préstamos aprobados, pero Lacalle Pou dio marcha atrás para priorizar el proyecto Neptuno. Gerardo agrega que, de hacerse, recién tendrían las primeras soluciones “en 3 ó 4 años” y no inmediatamente como requieren.