A fines del año pasado, bajo la presidencia de Juan José Victoria, la Corte de Justicia envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para cambiar el cómputo de la antigüedad para todos los trabajadores del Poder Judicial. Esto es, una modificación que no sólo tendrá incidencia en el sueldo de los empleados judiciales, sino que tendrá un alto impacto en aquellos que más perciben, como jueces y fiscales. La norma, que tomará estado parlamentario mañana y será girada a comisión, va en sintonía con la que el Ejecutivo promovió en 2022 para sus agentes y que establece una suba escalonada para la antigüedad, que pasa del 2 al 5 por ciento, dependiendo de la cantidad de años de servicio. A diferencia de lo que ocurre para los empleados del Ejecutivo, en el que la base para el cálculo es el sueldo básico, en el Poder Judicial se hace sobre un cúmulo de ítems que comprenden, además del básico, a la compensación jerárquica y funcional, la dedicación exclusiva y el título. La iniciativa llamó la atención en áreas de la gestión uñaquista, las que entienden que jueces y fiscales perciben un buen salario. Además, señalan que hay una enorme diferencia entre computar el adicional por antigüedad sobre el básico de los estatales a tener en cuenta la variada gama de rubros de un judicial. No sólo eso, sino que, según indicaron, cuando un magistrado es nombrado en su cargo, la antigüedad se le computa desde que tomó juramento en el Foro de Abogados, mientras que el común de los empleados judiciales lo hace desde el momento que comenzó a prestar funciones en la Justicia. Así, si una persona se recibió de abogado con 25 años y fue nombrado juez con 40, percibirá una antigüedad de 15 años, mientras que el empleado debe cumplir esos años de servicio para percibir el mismo adicional que un juez que recién ingresó. Según el proyecto de ley, la Corte justificó el pedido de cambio porque se trata de una norma que tiene 35 años sin modificación y para que "los Poderes del Estado queden alineados en cuanto a las retribuciones con base en lo propiciado por el Poder Ejecutivo" para sus trabajadores. Así, el texto indica que "el Ministerio de Hacienda y Finanzas realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley". Consultada, la ministra Marisa López sólo se limitó a decir que "se trata de una decisión del Poder Judicial" y que ese Poder habrá hecho las estimaciones presupuestarias para afrontar el cambio. Por su parte, el titular de la Unión Judicial, Sebastián López, confirmó que, a fines del año pasado, el gremio le pidió al máximo tribunal que se aplique, para los agentes judiciales, el mismo mecanismo de cómputo de antigüedad que instrumentó el Ejecutivo, pero que no estaba al tanto de que el proyecto había sido enviado a Diputados y que también incluía a jueces y magistrados . Así, dijo que "todo lo que sea igualitario y no equitativo tendrá un impacto que hará que la brecha entre los que menos y más ganan sea cada vez más alta", por lo que volvió a reclamar la aplicación de un Convenio Colectivo. A su vez, la vicepresidenta del Foro de Abogados, Sofía Lloveras, dijo que "estoy de acuerdo con un incremento para los trabajadores de Tribunales, empleados y jueces, pero que esa remuneración vaya de la mano con una Justicia que dé respuesta de calidad, sobre todo en los fallos judiciales, lo que no está ocurriendo ahora".