La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) alertó en su último informe anual que la ofensiva del Gobierno sobre la Justicia, las demoras en la designación de jueces y de otros cargos, como el Procurador General, y la corrupción, incluida en el poder judicial, han socavado el estado de derecho en la Argentina. El Informe Mundial 2023 brindó también un lúgubre panorama sobre el estado de los derechos fundamentales en América latina. “En la Argentina, la retórica hostil hacia los jueces por parte de autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel y la corrupción, también presente en el poder judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de derecho”, advirtió el informe de la organización. Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, dijo que durante el 2022 en la Argentina se vio el uso de una retórica hostil por parte del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y de otros miembros del gabinete contra el sistema judicial, incluida la Corte Suprema y tribunales inferiores. Cristina Kirchner, condenada por la llamada “Causa Vialidad”, se refirió en varias ocasiones a los tribunales como el “Partido Judicial”. El Presidente Fernández anunció además su intención de impulsar un juicio político contra los jueces de la Corte Suprema, y se negó a acatar una orden del máximo tribunal favorable a la Ciudad de Buenos Aires en una disputa por los fondos de la coparticipación federal. “El anuncio de juicio político contra todos los integrantes de la Corte, junto con declaraciones iniciales de que no se acataría un fallo del más alto tribunal, constituye un gravísimo ataque a la separación de poderes”, dijo Taraciuk Broner. “Nos preocupa que este tipo de medidas pueda contribuir a naturalizar la nociva práctica de que los gobernantes busquen destituir a jueces solo porque no les gusta el contenido de sus sentencias”, advirtió. Taraciuk Broner señaló además que “los altos niveles de polarización y la incapacidad de la política para alcanzar consensos mínimos también están erosionando el Estado de derecho”, y destacó que el Congreso ha sido incapaz de designar un Defensor del Pueblo desde 2009, un Procurador General desde 2018 y un magistrado en la Corte desde 2021, cuando renunció la jueza Elena Highton de Nolasco. “Se trata de figuras clave en la protección de los derechos humanos en el país. Estos nombramientos deberían ser una prioridad para todas las fuerzas políticas”, indicó. El Informe Mundial 2023, de 712 páginas en su versión en inglés, investiga abusos en unos 100 países y es la 33ª edición de este informe de Human Rights Watch, una de las organizaciones globales líderes en la defensa de los derechos humanos. Fundada en 1978, HRW es una de las dos organizaciones occidentales junto con Amnistía Internacional que investiga abusos en todo el mundo. La organización tiene programa específicos que cubren los cinco continentes, y otros que cubren temas concretos, como los derechos de la mujer, la comunidad LBGT o las personas con discapacidades. En 1997, HRW compartió el Premio Nobel de la Paz por la Campaña para Erradicar Minas Terrestres. El informe alertó que los gobiernos de América Latina y el Caribe “deben abordar problemas crónicos de derechos humanos como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la degradación ambiental y, al mismo tiempo, proteger la democracia”. Las falencias crónicas para enfrentar estos problemas, agregó el trabajo, han impulsado a millones de personas en la región a abandonar sus hogares en busca de oportunidades en otros países. “Los líderes de la región deberían demostrar que la democracia puede responder a las necesidades de la población, promoviendo los derechos a la salud, la educación y la seguridad y fortaleciendo el Estado de derecho”, indicó Taraciuk Broner. El trabajo hace hincapié en las desigualdades en América Latina, donde casi un tercio de la población vive en la pobreza, y más de una décima parte en la pobreza extrema. Más de la mitad de los ingresos totales de la región van a parar al 20% más rico, y el racismo estructural continúa presente, remarca HRW. “La pobreza y la desigualdad afectan en forma desproporcionada a mujeres, niños, niñas y personas indígenas”, señala la organización. Fuente: La Nación